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El expresidente solicitó ayer vía telefónica desde el penal de la Diroes (Ate-Vitarte) que el Tribunal Constitucional (TC) anule la sentencia de 25 años de prisión que le fue impuesta por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

“Acudo al Tribunal Constitucional para solicitar se sirvan dictar la nulidad de la sentencia por 25 años que se me ha impuesto”, señaló Fujimori ante el pleno del Tribunal Constitucional.

A través de un recurso de hábeas corpus, Fujimori argumentó que los jueces que lo sentenciaron no dictaron una resolución basada en delitos de lesa humanidad.

“En la parte resolutiva se establece que los mencionados delitos constituyen delitos contra la humanidad según el derecho penal internacional; sin embargo, en las declaraciones dadas al juez constitucional, cada uno de los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema han afirmado que la sentencia no se ha dictado por lesa humanidad”, indicó.

VIOLÓ PROCESO. De otro lado, el exmandatario indicó que el juez supremo César San Martín -que presidió la Sala que lo condenó- violó su proceso judicial al haber consultado la resolución -vía correos electrónicos- a terceros que no formaban parte del proceso, transgrediendo así la imparcialidad.

En esos correos, dijo el expresidente, “se revela la conspiración del juzgador y de sus interlocutores para modificar la acusación fiscal con el expreso fin de condenar al acusado”.

RECONOCE. Además, el procurador adjunto del Poder Judicial, Marcos Piña Burga, dijo que si bien no existe el “delito” de lesa humanidad en nuestro Código, a Fujimori se le sentenció con dicha figura porque así lo establecía la Corte IDH.

Al ser consultado por el magistrado del TC José Sardón si la sentencia especificaba la existencia de un delito de lesa humanidad, el procurador lo negó y reiteró que era solo un calificativo.

A LA CIDH. Al término de la audiencia, el abogado William Paco Castillo, defensa de Fujimori, remarcó que existen los elementos suficientes para anular la sentencia de Fujimori y procesarlo “como dicta la ley”. Aseguró que si el fallo es adverso a sus intereses, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).