El primer ministro, Albert Otárola, aseguró que el elevado número de policías resguardando a la presidenta Dina Boluarte se basan en informes de inteligencia y presuntas amenazas que podrían poner en riesgo la seguridad de la mandataria.
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En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros indicó que se están respetando las normas establecidas en los años 2021 y 2022 referentes a la “seguridad integral” a la que tiene acceso el jefe de Estado.
“¿En qué se basan los criterios a seguir de un presidente de la República según esta norma que data de años precedentes? En primer lugar, hay una evaluación de inteligencia. En segundo lugar, hay otra apreciación sobre el riesgo y una apreciación de inteligencia que contempla todas aquellas circunstancias y hechos fácticos que puedan amenazar la seguridad del presidente de la República”, precisó.
El jefe del gabinete ministerial recordó los dos incidentes que involucrar al personal de seguridad asignado a Boluarte: el asalto a los policías que servían como protección del hijo de la presidenta, y los hechos ocurridos en Ayacucho.
Del mismo modo, resaltó que la seguridad de la mandataria corresponde a la División de Seguridad Presidencial de la Dirección de Seguridad del Estado, pertenecientes al Ministerio Público.
“Al hacerse esa evaluación integral es que esta unidad especializada de la PNP asigna el número de efectivos y la logística correspondiente que se aplica de manera razonada y proporcional”, recalcó.
Otárola Peñaranda dio estas declaraciones luego que un informe periodístico de Willax revelara que al menos 35 policías realizan funciones de seguridad para resguardar a Boluarte. Además, siete comisarios están a cargo exclusivamente de la vigilancia de la casa de la presidenta en Surquillo.
Sobre viaje del ministro de Justicia
Durante el diálogo con la prensa, el premier afirmó que el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a El Salvador fue para “ver la realidad de la logística carcelaria” y la “infraestructura adecuada, moderna y eficiente”, del país centroamericano.
“También ha ido a tener reuniones conjuntas con el sector Justicia de El Salvador acerca de la viabilidad de estas cárceles que, pensamos, ojalá podamos implementar en el Perú”, sostuvo.
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