Redacción Diario Correo

Alejandro Soto, congresista de Alianza para el Progreso, señaló que no acudirá a una citación a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, debido a la denuncia de una presunta red de prostitución en el Congreso.

En declaraciones a la prensa, Soto asegura que su decisión se basa que dicha comisión “no tiene la facultad de investigar a parlamentarios”.

“La Comisión de Fiscalización no puede investigar a congresistas. Los congresistas solo podemos ser investigados en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, expresó.

Asimismo, el parlamentario añadió que, de ser invitado, asistirá “para hacer algunas aclaraciones” respecto a las imputaciones en su contra, como la designación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional durante su gestión como presidente del Congreso.

Por otro lado, el congresista rechaza las imputaciones de su colega, Norma Yarrow, quien indicó que Isabel Cajo fue contratada a través de una adenda que habría sido solicitada directamente por la Presidencia del Legislativo, en ese momento Soto ocupada este cargo.

“Lo que ha mostrado es una adenda, no es el contrato original. Sería bueno que se investigue quién dispuso originariamente el ingreso de la señorita o señora Isabel Cajo”, manifestó.

“La adenda, además, según la congresista, contendría una cláusula que dice por disposición de la Presidencia. Y como podrás ver en el contrato, ni en el provisto, existe ni mi firma, ni mi rúbrica. Por tanto, exijo una investigación transparente y seria al respecto”, agregó.

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El congresista aclara que acudiría si es invitado por dicho grupo de trabajo para aclarar las imputaciones en su contra sobre presunta red de prostitución.