Argucias de Álvarez obstaculizan proceso

Una nueva estrategia se estaría gestando desde las entrañas del penal de Piedras Gordas, ubicado en Ancón. César Álvarez, sindicado por el Poder Judicial como la cabeza visible de una presunta red criminal enquistada en Áncash, pretendería obstruir las investigaciones que se siguen en su contra por el caso "La Centralita". Y el Ministerio Público estaría siendo utilizado para tales fines.

Sucede que Álvarez, según documentación a la que tuvo acceso Correo, se ha negado a rendir su declaración ante el Ministerio Público en reiteradas ocasiones, guardando un silencio sepulcral.

Su manifestación, según fiscales que conocen del tema, es clave para desenmarañar la red de crimen organizado que mantuvo entronizado a Álvarez durante sus siete años de gobierno en Áncash.

No es para menos, teniendo en cuenta que actualmente es investigado por presunta asociación ilícita para delinquir y peculado doloso, al mismo tiempo que está vigente una orden de prisión preventiva (36 meses) por el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco.

ARGUCIAS. El 6 de agosto último, la Segunda Fiscalía Supraprovincial, a cargo de Marco Huamán, dispuso recoger la declaración de Álvarez al interior del penal.

Este, no obstante, exigió la suspensión "inmediata" de la diligencia argumentando que sus abogados no estaban presentes.

Sin embargo, los reportes de ingreso al penal pertenecientes al mes de agosto lo desmienten.

Jaime Franco Rodríguez (exabogado del congresista Heriberto Benítez, inmerso en el caso) y Francisco Carruitero Lecca ingresaron juntos al penal de Piedras Gordas ese día.

Ambos incluso permanecieron varios minutos al interior de la Sala de Audiencias en la que se llevaría a cabo el interrogatorio, según videos de seguridad del establecimiento penitenciario.

Sin embargo, Carruitero negó haber ingresado al penal para buscar a la exautoridad regional. Más bien, aseguró que el motivo de su visita fue indagar sobre un patrocinado suyo que no era Álvarez.

A esto se sumó otra argucia legal. Álvarez aseguró encontrarse "delicado de salud", razón por la cual se veía imposibilitado de declarar.

Pese a ello, el fiscal del caso no dispuso la presencia de un médico legista y, sin más, suspendió la diligencia. Tampoco se preocupó por considerar en la agenda una nueva fecha para dicha diligencia.

RETARDO. Para el procurador anticorrupción Christian Salas, Álvarez pretende "retardar su versión acerca de los hechos y evitar que pueda ser desbaratada con otras declaraciones o documentos" encontrados durante las pesquisas.

"Pese a que hemos informado a la Fiscalía y solicitamos que la diligencia fuese nuevamente programada, bajo el apercibimiento de nombrársele un defensor de oficio en caso de inasistencia de sus abogados particulares, el fiscal volvió a programar la diligencia para el 8 de setiembre", explicó Salas a Correo.

Aquel día, por increíble que parezca, tampoco se llevó a cabo el interrogatorio, ya que Álvarez presentó un documento a última hora que informaba sobre un inesperado cambio de abogado.

"Lo peor es que, sin contar con el escrito a la vista, sin levantar acta alguna que deje constancia de los hechos y de la clara obstaculización del imputado, se suspendió la diligencia", denunció el defensor del Estado.

Salas, cabe recordar, pidió públicamente que el fiscal Huamán se aparte del caso, ya que, desde su punto de vista, no estaría capacitado para manejar un proceso tan complejo.

"Hay que entender que estamos investigando a una presunta organización criminal y que, justamente, su presunto líder está empleando todos los mecanismos ilegales para evitar ser interrogado", concluyó el abogado del Estado.

DEBILIDAD. Por su parte, el presidente de la comisión del Congreso que investiga la red de corrupción en la región Áncash, Mesías Guevara (AP), cuestionó el manejo del caso por parte del Ministerio Público, ya que le falta ser más enérgico.

"Lo que he podido encontrar en el seguimiento de este caso es una debilidad absoluta del Ministerio Público, porque ha perdido l autoridad frente a la corrupción", comentó a este diario.

El parlamentario advirtió que Álvarez se niega a declarar y el periodo de prisión preventiva en su contra ya está por llegar a su fin en octubre.

"Yo no sé si el Ministerio Público va a tener la convicción moral para pedir 8 meses más de prisión preventiva, si ni siquiera son capaces de tomar sus declaraciones", comentó.

Guevara manifestó que el Ministerio Público "no se ha portado a la altura de las circunstancias" en este importante caso.

De otro lado, el parlamentario sostuvo que la comisión investigadora del Congreso, la cual preside, citará en los próximos días al exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Vladimir Paz de la Barra y a dos exalcaldes de provincias de Áncash.

En ese sentido, el congresista recordó que el Ministerio del Interior no se ha mostrado muy colaborador con su comisión.

"Vamos a invitar a los generales directores de la Policía Anticorrupción, de Inspectoría y de Inteligencia, que han estado a cargo desde el 2008, porque no hay una colaboración estrecha del Ministerio del Interior, que pudo haber recogido las declaraciones", señaló en entrevista con Correo.