Aurelio Pastor: "ONGs buscan ganar en escenario mediático"

Una vez más el Estado Peruano ha sido humillado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pues a pesar de haber cumplido cabalmente con sus mandatos, las contradicciones de los encargados de nuestra defensa le permitieron a los activistas de derechos humanos pasearse a sus anchas. Mientras la ministra de Justicia y el presidente del Poder Judicial se lavan las manos de cualquier responsabilidad, y afirman que todo se coordinó oportunamente, Aurelio Pastor, experto en temas constitucionales y con experiencia como exministro de Justicia, nos brinda sus apreciaciones respecto de este nuevo "gran bonetón".

Correo: ¿Estamos o no ante un papelón y por culpa de quién?

Aurelio Pastor: Sin la menor duda. El problema se genera porque se envía a una delegación sin coordinar cómo enfrentar la audiencia. Y el Perú no es un novato en estos menesteres, porque durante mucho tiempo hemos sido los más denunciados ante la Corte IDH.

C: ¿Pero el Sistema de Defensa Judicial del Estado, que preside y coordina la ministra de Justicia, no está llamado a hacer dicha coordinación?

AP: La ley es clara en definir al procurador público supranacional como el agente del Estado ante la Corte IDH, y que los procuradores de las entidades que originaron el proceso coadyuvan y coordinan con el primero la defensa del Estado. Pero también está previsto que en casos como este se active la Asesoría Especializada en Derechos Humanos, que es un equipo especializado para orientar a la delegación sobre cómo enfrentar la audiencia y qué se tiene que decir. Esta audiencia la preside el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. ¿Se activó esta instancia? Y si se hizo, ¿dónde están las actas? Porque estas no son reuniones que se hacen a la pasada en un café sanisidrino. Allí debió participar Vitery para informarle a Cubas de todos los detalles de cómo se manejó el proceso en sede nacional.

C: ¿Lo ocurrido no es también un reflejo del absurdo enfrentamiento entre poderes del Estado, a nivel interno, por la presentación de un amparo contra la sentencia de la Sala de Villa Stein, que en todo caso debió ser planteado por los familiares de las víctimas?

AP: Efectivamente. San Martín ha dicho que hubo una coordinación y que el resultado de la misma era que la posición ante la Corte era la de sostener que el Perú cumplió con el mandato de la Corte IDH de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos con las penas previstas en la ley interna. Esto además está plasmado en el Pronunciamiento Institucional del Poder Judicial sobre dicha sentencia, documento firmado por el propio César San Martín y remitido a la ministra Rivas el 21 de agosto. Para mí hubo un error de parte de Vitery. Él debió limitarse a hablar de la actuación de la Sala Suprema dentro de los alcances de lo ordenado por la Corte IDH y no mencionar el tema del amparo. En todo caso, a quien le correspondía plantear ese tema era a los abogados de las víctimas, y solo en ese momento leer las partes pertinentes de la posición institucional.

C: ¿Pero la sentencia de la Sala Villa Stein no incumple el mandato de la Corte IDH al no brindar verdad y justicia a los deudos de los fallecidos en Barrios Altos como sostiene la Comisión Interamericana?

AP: ¿En qué sentido? La sentencia individualizó a los responsables de la matanza y les impone penas superiores a los 20 años. Lo que pasa es que ellos esperaban que la Sala calificara los delitos como de lesa humanidad, como ocurrió en otras sentencias a miembros del Grupo Colina, pero la posición institucional del PJ claramente dice que la ley peruana no tipifica el delito de lesa humanidad, pero que existen otros tipos penales que permiten juzgar delitos graves y que permiten aplicar una sanción adecuada al pedido de la Corte IDH. La Corte IDH es un tribunal de defensa de los derechos humanos, no es una Corte Penal que analice hechos, tipifique conductas ni que pueda obligar al Estado Peruano a que señale determinado delitos. El pedido que hacen los abogados de las víctimas y los representantes de las ONG escapa a las facultades del tribunal. Ellos (Rocío Silva Santisteban, Gloria Cano, etc.) lo saben, pero buscan ganar en el escenario mediático.

C: ¿Es correcto que no se haya calificado al crimen de Barrios Altos como de lesa humanidad?

AP: El PJ considera que es una sentencia que no supone una violación a la doctrina vinculante de la Corte IDH y a las recomendaciones de la sentencia de marzo del 2001. Que fue un proceso con todas las garantías constitucionales con condenas efectivas. A mí no me interesa defender al señor Villa Stein, que se defiende bien solo. El tema se presta a debate. Se sostiene que para ser de lesa humanidad el crimen debe estar dirigido sistemáticamente contra población civil, como sucedió en la ex Yugoslavia o Ruanda, mientras que en el caso de los Colina, estos estuvieron dirigidos contra terroristas, y que si por error mataron a civiles, no desvirtúa el móvil y la calificación. Otros sostienen que esta tipificación se aplica desde los juicios de Nuremberg y otros que solo se aplica tras la firma del Tratado Penal Internacional que el Perú suscribió mucho después de 1992. En la propia sentencia hay dos posiciones distintas, pero lo concreto al final es que no está tipificado en el Código y que a pesar de ello se pudo condenar con penas graves a los responsables.

C: Si la posición institucional del PJ es que el fallo es correcto, ¿el Ejecutivo debería perder el amparo?

AP: Pero podrían llegar hasta el Tribunal Constitucional, que podría decir otra cosa, que es lo que espera el gobierno. Lo que me preocupa, y es por eso que no entiendo por qué sigue en su puesto el procurador Óscar Cubas, es que cuando el juez chileno Vío Grosi le pregunta directamente por la posición del Estado Peruano, se enreda nuevamente con el amparo y entonces Grosi le dice que entiende que la posición del Estado es que todavía no se habría cumplido con el mandato de la Corte y el procurador se calla.

C: ¿Las responsabilidades terminan en los procuradores?

AP: No necesariamente. O el procurador se sentó en la posición coordinada entre el Ejecutivo y el PJ, o recibió otra indicación a posteriori; y yo creo que eso fue, porque ha sido recibido con los brazos abiertos por la ministra, que es la responsable política y que deberá responder ante la Comisión de Justicia del Congreso si tomó todos los pasos que hemos señalado. Y una de las preguntas clave en esa sesión será saber qué papel jugó el viceministro de Derechos Humanos, que estaba sentado al costado del procurador Cubas como un simple espectador. ¿No pudo acaso coordinar una réplica ante el despelote que se armó?