Avanzan casos de “mochasueldos” en el Congreso

Cada vez quedan menos etapas para que los casos de cuatro legisladoras acusadas de recortarle el salario a sus propios trabajadores sean juzgadas por la máxima instancia parlamentaria: El pleno del Congreso.

Ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró procedente los informes de calificación que recomendó admitir a trámite las denuncias a Rosío Torres, Magaly Ruiz y María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP) y Katy Ugarte (No agrupada).

Nadie se opuso al trabajo calificativo elaborado por la Secretaría Técnica de la SAC, que concluyó en que habían suficientes elementos para que se continúe con el trámite de los cuatro casos.

Además, dicho equipo técnico explicó que las cuatro denuncias cumplieron con todos los requisitos formales y criterios exigidos para formalizar una indagación en la Subcomisión por el delito de concusión.

Entre los principales aspectos que destacó la Secretaría está que las involucradas en estas denuncias son funcionarias públicas y que, además, se valieron de su propio puesto para beneficiarse a sí mismas.

Luego de describir cada uno de los detalles de las denuncias, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sometió al voto todos los informes calificativos.

El de Rosío Torres fue el primero. Allí 18 legisladores votaron a favor. Nadie se opuso y menos hubo abstención.

Después pasó Katy Ugarte. En su caso hubo 19 votos a favor de forma unánime.

Lo mismo ocurrió en el caso de Magaly Ruiz y en el de María Acuña. Esta última pidió licencia para ausentarse del referido grupo de trabajo donde actualmente es miembro en representación de Alianza Para el Progreso.

Ahora bien, lo aprobado recientemente deberá ser evaluado por la Comisión Permanente y ratificar o no la decisión de la Subcomisión, para otorgarle hasta un plazo de 15 días hábiles a fin de que se investigue cada uno de los casos.

Una vez ello, la SAC delegará a uno de sus miembros para que se encargue de las denuncias con el fin de presentar un informe final, el mismo que deberá aprobar y elevar a la Comisión Permanente. Luego, el caso pasaría al pleno.

Es importante destacar que las cuatro legisladoras acusadas son parte de los ocho congresistas que están en la mira de todo el país por recortarle el sueldo a sus trabajadores para beneficiarse.

De ese total, solo seis han sido denunciados constitucionalmente. Hasta el momento nadie ha formulado ninguna denuncia sobre José Arriola y Marleny Portero.

Entre tanto, antes de concluir con la sesión de ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales designó al congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) como delegado de la denuncia formulado contra Heidy Juárez (Podemos Perú), otra involucrada en todo el caso “mochasueldo”.

EN PROCESO.

Las denuncias contra congresistas denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores va en aumento, por lo que es válido preguntarse cuál es la situación de los casos en las instancias parlamentarias y fiscales.

Como se ha mencionado, Ruíz, Torres y María Acuña de APP, así como Katy Ugarte pasarán por un proceso en la Subcomisión.

Las cuatro también son investigadas en la Comisión de Ética. A la fecha, se inició con la citación de las partes involucradas para recoger sus descargos.

Por otro lado, las parlamentarias ya son investigadas por la Fiscalía de la Nación por el delito de concusión.

AVANCE. Las congresistas Heidy Juárez (Podemos Perú) y María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) tienen algo en común: Sus casos son los que más han avanzado en el Congreso.

En el caso de la primera, cuatro extrabajadores la denuncian por cobrar diezmos para realizar “labor social” mediante su asesor Miguel Chafloque, con quien tendría un vínculo sentimental.

En el caso de la fujimorista, es señalada de pedir el 50% de los ingresos del sueldo de uno de sus asesores durante seis meses.

Posteriormente, le pidieron un aumento al 75% de recorte de lo que ganaba.

Al respecto, la Comisión Permanente ha otorgado un plazo de 15 días a la Subcomisión para que se investigue y se presenten los informes finales contra ambas.

Cabe precisar que los documentos podrían recomendar como sanción la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.

PENDIENTES. Finalmente, están las denuncias contra José Arriola y Marleny Portero, ambos de Acción Popular.

Arriola le habría hecho firmar declaraciones juradas a sus trabajadores para que estos entreguen un aporte económico “solidario”, dinero que era destinado para ser entregado como apoyo social durante las actividades de representación del legislador.

Mientras que Marleny Portero habría requerido que sus trabajadores compren sillas de ruedas que luego ella donaba.

La Comisión de Ética inició una investigación para ambos casos el lunes, sin embargo, todavía no hay indicios de que las denuncias lleguen a la Subcomisión.

A esto se le suma que la Fiscalía de la Nación todavía no ha emitido un pronunciamiento -como en los otros seis casos- en sus redes sociales en el que anuncie el inicio de alguna investigación.