Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional (TC), manifestó ayer que las resoluciones que emite la institución que dirige suele pisar callos, razón por la cual es permanentemente blanco de ataques.

“Muchas veces pisamos callos porque corregimos errores de otros. Y la reacción es atacar al Tribunal duramente”, refirió Blume.

Como se recuerda, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, pidió en la víspera al TC “autorregularse” y “autolimitarse” para que, solo de manera excepcional, “intervenga en los casos que ya han sido resueltos”.

De esta manera, se refirió a la decisión del Tribunal respecto al caso del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia.

“En el caso de Ollanta Humala (…) se ha armado toda una campaña y, prácticamente, se nos ha dicho: ‘Ustedes están dinamitando el sistema anticorrupción’, lo cual es absolutamente equivocado. Lo que estamos haciendo es fortalecerlo”, sostuvo.

“Un sistema anticorrupción que no respeta derechos fundamentales es el que está condenado a fracasar”, añadió.

En ese sentido, refirió que su institución no debe ser “malinterpretada ni satanizada” y remarcó que sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento “por todas las autoridades”.

“El TC debe ser respetado y reconocido por todas las autoridades y no malinterpretado ni satanizado, ni (tampoco) recurrir a fórmulas de malinformar o deformar para dar una imagen equivocada de lo que es”, señaló.

El magistrado afirmó que el Tribunal merece respeto por sus decisiones, que finalmente se convierten en cosa juzgada de acuerdo a la Constitución.

“Lo que el Tribunal resuelve es de obligatorio cumplimiento para todos, les guste o no”, enfatizó Blume.

“En el Estado constitucional se vive la soberanía de la Constitución y todos, sin excepción alguna, deben someterse a ella y atenerse a sus responsabilidades si es que la infringen”, advirtió.

Blume hizo formuló estas declaraciones luego de la presentación de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del TC, grupo que está conformado por asesores designados por los propios magistrados de este organismo constitucional.