La sonrisa dibujada en el rostro de la vicepresidenta sugiere que se salió con la suya en la sesión de la del Congreso en la que se abordó la denuncia en su contra, por gestionar una asociación privada paralelamente a su cargo de ministro de Desarrollo.

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Pero la realidad es otra: Ayer solo evitó responder interrogantes, como aquel relacionado a la llamada que le hizo Jorge Muñoz, entonces alcalde de Lima, en beneficio del Club Departamental Apurímac, que ella dirigía.

En ese caso, se aseguró hasta en dos ocasiones que quien debía responder si la conversación telefónica existió o no es Muñoz. Lo retó.

Lo paradójico del caso es que el exalcalde limeño fue el que aseguró, en mayo pasado, la existencia de esa llamada, y lo sorprendente es que los miembros de la Subcomisión no se lo recordaron.

“Ella (Boluarte) me llamó por teléfono para pedir que la atendiésemos expresamente por temas del Club Apurímac”, dijo Muñoz a Willax .

EL CASO.

A Boluarte se le acusa de haber hecho gestiones en beneficio de la asociación privada pese a que estaba impedida de hacerlo, debido a que ya ostentaba el cargo de vicepresidenta del Perú y ministra de Estado.

En la sesión se le consultó por qué razones se crearon documentos como presidenta del club, cuando debe haber un vicepresidente que la suceda.

Ella se excusó al decir que no había un sucesor oficial dado que el vicepresidente del club, “el doctor Rolly Pacheco, había desaparecido” en 2020.

Agregó que quien asumió el cargo de Pacheco fue “la secretaria de actas”.

“Luego de mi juramentación como vicepresidenta de la República, la secretaria asumió la presidencia del Club Departamental”, agregó.

En ese punto, la congresista Patricia Juárez dejó constancia de que entonces sí existía una presidenta en ese club cuando Boluarte juró a cargos en el Estado.

Cabe recordar que Boluarte hizo las gestiones entre abril y septiembre del 2021.

“Había otra persona en el club departamental que podía realizar perfectamente estas funciones”, enfatizó.

Pero Dina Boluarte volvió a justificarse e distinguió que hubo problemas en los trámites para que se reconociera ante los Registros Públicos a su reemplazante.

Luego, no hubo repreguntas.

Alberto Otárola, abogado de Boluarte, cuestionó en todo momento la denuncia constitucional contra su cliente. Minimizó su contenido y cuestionó a la Contraloría por no enviarle el informe sobre el caso denunciado.

Tanto Otárola como su defendida arguyeron que no se afectó ninguna competencia del Estado con los trámites que hizo Boluarte.

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De otro lado, Boluarte afirmó que la denuncia constitucional que enfrenta es el comienzo de un plan del Congreso para inhabilitarla y luego vacar al presidente Pedro Castillo. Insinuó que así el Legislativo tomaría el poder del país.