Redacción Diario Correo

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavados de Activos dispuso ampliar la investigación del caso Andrés Hurtado en contra de Kelly Medina y once empresas, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Kelly Medina pasó de ser la asistente de “Chibolín” a una empresaria minera con el 25% de acciones. Aparece como apoderada de varias compañías relacionadas con la producción de televisión, venta de pasajes aéreos y la ONG que lleva el nombre del conductor de televisión. Se presume que tendría una figura de testaferro de Andrés Hurtado.

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Las personas jurídicas investigadas son AH Gold Entertainment SAC, AH Entertainment Company SAC, AH Company Entertainment SAC, Frutera Perú SAC, Tika & Travel SAC, Andres Travel SAC, Centro de Convenciones Teatro Leguía SAC, Infinitum Reps SAC, ONG Andrés A. Hurtado, Coya Andina SAC, Pareras EIRL, Inversiones Los Ceivos SAC, y los que resulten responsables.

Otras diligencias en el caso son la toma de declaraciones testimonial de 23 personas: Roberto Pareras, Tomás Pérez, César Mercado, Patricia Martínez, Roberto Goveya, Isabel Mejía, Georgia Bossio, Paul Zorrilla, Pedro Bartolo, Gregorio Urbina, Fiorella García-Milla, Diego Saravia, María Suárez, y Carlos Cerna.

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Además, se ofició a 15 notarías para que remitan copias certificadas de bienes muebles y escrituras de constitución de empresas vinculadas al investigado. A la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que informe sobre el financiamiento público al partido Renovación Popular desde el 2021 a la fecha.

En tanto, cinco empresas tendrán que remitir los contratos suscritos con el imputado Hurtado.


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