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El Poder Judicial dispuso que el Ministerio Público dé por concluida la investigación preparatoria contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo; su hermana Yenifer Paredes; a sus hermanos Walter y David Paredes; el exalcalde de Anguía, José Medina; y otros investigados por el denominado caso ‘Anguía’.
La decisión fue adoptada mediante una resolución emitida el 18 de junio, en la que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó sin efecto la resolución de la jueza Lorena Sandoval, dictada el 12 de enero, que ampliaba por 18 meses el plazo de la investigación preparatoria.
El tribunal superior tomó esta decisión tras declarar fundados los recursos de apelación interpuestos por los abogados de Lilia Paredes, quien permanece asilada en México, y del exalcalde José Medina. Ambos solicitaron revocar la resolución de la jueza que acogió el pedido fiscal para prorrogar la investigación preparatoria.
En ese contexto, la sala superior reformó la resolución apelada y declaró improcedente el pedido fiscal para prorrogar la investigación preparatoria, al concluir que fue presentado de manera “extemporánea”.
Asimismo, el tribunal superior dispuso que el Ministerio Público emita, dentro del plazo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal, el pronunciamiento que corresponda de acuerdo con sus atribuciones. Para ello, deberá decidir si presenta una acusación fiscal, solicita al Poder Judicial el sobreseimiento o archivo del caso, o formula el requerimiento que la ley contemple.
La sala superior ordenó remitir copias certificadas de la resolución a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que evalúe la actuación del despacho fiscal en el ámbito de sus competencias, precisando que esta medida no supone un adelanto de criterio sobre un adelanto de criterio disciplinario.
EL CASO
El Ministerio Público atribuye a Lilia Paredes; a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes; al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina; y a otros investigados integrar una presunta organización criminal.
De acuerdo con la investigación fiscal, esta organización habría operado mediante licitaciones públicas fraudulentas en las regiones de Lima, Cajamarca y Amazonas. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, habría favorecido a empresas de fachada con la adjudicación de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por millonarios montos, pese a que no cumplían con las condiciones establecidas en la normativa.
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