El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), junto con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Defensa Pública, viene implementando el Decreto Legislativo 1735, que establece la creación de un subsistema especializado para combatir la extorsión. Esta iniciativa busca brindar atención prioritaria y agilizar los procesos de los ciudadanos afectados por este delito.
Alberto Vega, director general de Asuntos Criminológicos del Minjusdh, señaló que el aumento de los casos de extorsión, el avance de la criminalidad y la carga procesal evidenciaron la necesidad de establecer este marco normativo especializado.
“A la fecha, hemos pasado desde el 2021 de 4 670 denuncias a casi 29 000 denuncias por extorsión, pero, en contrapartida, las sentencias condenatorias por dicho delito no han pasado en promedio anual de 400”, declaró para RPP.
Vega advirtió que las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema, pues solo dos de cada 10 víctimas de extorsión llegan a denunciar. Explicó que esta falta de reportes está relacionada con el miedo a represalias y la desconfianza en un sistema de justicia cuya carga procesal ha llevado a programar audiencias recién para los años 2028 y 2029.
Con el objetivo de mejorar la respuesta estatal, el subsistema permitirá priorizar la atención de los procesos y agilizar su trámite. Además, contará con abogados de oficio gratuitos que orientarán a las víctimas y las acompañarán durante la presentación de sus denuncias ante las dependencias de la Policía Nacional y la Fiscalía.
En el marco del inicio de estas acciones, el Minjusdh contempla la designación de 37 defensores públicos especializados que atenderán casos en la región La Libertad.
Además de la defensa legal, se anunció la próxima implementación de una línea telefónica exclusiva que operará de manera ininterrumpida para brindar asistencia directa a las víctimas de extorsión y ofrecer orientación legal del Estado sin que tengan que salir de sus domicilios.
Cabe precisar que, a diferencia de las unidades de flagrancia, las instituciones que forman parte de este subsistema continuarán desarrollando sus funciones desde sus respectivas sedes institucionales.
