El Poder Judicial declaró infundada la solicitud de Equipo Especial del caso Lava Jato para imponer prisión preventiva contra ocho abogados investigados por el caso ‘Arbitrajes’. (Foto: PJ)
El Poder Judicial declaró infundada la solicitud de Equipo Especial del caso Lava Jato para imponer prisión preventiva contra ocho abogados investigados por el caso ‘Arbitrajes’. (Foto: PJ)

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del declaró infundada la solicitud de Equipo Especial del caso Lava Jato para imponer prisión preventiva contra ocho abogados investigados por el . La decisión fue apelada por el .

MIRA AQUÍ: Congreso otorga voto de confianza a Gabinete de Guido Bellido

De esta manera, el juez Jorge Chávez Tamariz decidió mantener la comparecencia con restricciones contra Humberto Abanto, Fernando Cantuarias, Mario Castillo, Emilio Cassina, Ricardo Espinoza, Enrique Zapata, Ramiro Rivera y Fernando Kundmuller.

En su decisión, el colegiado señaló que para dictar prisión preventiva deben concurrir el “peligrosismo procesal” y el “incumplimiento de las reglas de conducta”, precisando que incluso los investigados pagaron la caución establecida por la justicia.

MIRA AQUÍ: Bono 700: quiénes recibirán la nueva transferencia del Gobierno

Detalló que de acuerdo a lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el uso de la prisión preventiva, se debe acreditar el riesgo de fuga y obstaculización de las investigaciones, en atención a los principios de presunción de inocencia y excepcionalidad.

“A mi parecer, este es el aspecto más débil que ha construido el Ministerio Público y esa es la razón por la que no se ampara su petición para privar de la libertad ambulatoria a los ocho investigados en mención”, expresó.

En este caso, los árbitros son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y cohecho, por presuntamente haber recibido pagos ilícitos para fallar a favor de Odebrecht en los arbitrajes que este interponía contra el Estado.

Según la tesis de la fiscalía, la empresa brasileña habría realizado pagos ilegales a diversos árbitros para que fallen a su favor en 26 controversias que mantenía con el Estado peruano.

Los montos incluyen los presuntos pagos en efectivo, además de los honorarios de los árbitros por encima del precio referencial establecido por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

VIDEO RECOMENDADO

Congreso otorga voto de confianza al gabinete de Guido Bellido