PJ ordena que Fiscalía tome una decisión sobre solicitud de Keiko Fujimori

Actualizado el 22/11/2017, 07:15 a. m.

El Poder Judicial (PJ) ordenó que la Fiscalía tome una decisión definitiva sobre la indagación que se le sigue a Keiko Fujimori y a su esposo Mark Vito: formalizar la investigación preparatoria o archivar el caso.

La pareja está bajo la lupa de la Fiscalía por los aportes supuestamente irregulares recibidos durante su campaña electoral a través de cócteles de recaudación de fondos en 2016 y por el cuestionado financiamiento de la fundación LVF Liberty Institute de Delaware (Estados Unidos).

Correo accedió a la resolución N° 02-2017 de la jueza Elizabeth Arias, en la que conminó al fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, a tomar una decisión.

“(...) a modo de conclusión debemos señalar que al haberse vencido en exceso los plazos previstos inicialmente, sin que el Ministerio Público amplíe o prorrogue dichos plazos antes de su vencimiento (...) le corresponde al fiscal dar por concluido el plazo de investigación preliminar y emitir un pronunciamiento de fondo”, se lee en la resolución.

En ese sentido, “se declara fundada la solicitud de control de plazo a favor de Keiko Fujimori y Mark Vito”, se agrega.

De otro lado, la jueza otorgó el plazo de 10 días al fiscal Pérez para que emita un pronunciamiento.

AUDIENCIA

El miércoles último, la jueza Arias escuchó los argumentos de los abogados de la lideresa de Fuerza Popular y su esposo, quienes solicitaron que se dé por concluido el plazo de indagación preliminar.

Para la defensa legal de los investigados, este caso viene desde el 8 de marzo de 2016, lo cual implica que hasta la fecha lleva 20 meses en proceso.

Edward García Navarro y Eduardo Alcocer, abogados de Fujimori y Vito, respectivamente, agregaron que la Fiscalía aplicó una norma que es utilizada dentro de una investigación preparatoria.

Por su parte, el fiscal Pérez sostuvo que la investigación, al ser adecuada bajo la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077), cumpliría el plazo de 36 meses establecido dentro de la norma.

Además, el fiscal argumentó que aún faltan diversas diligencias, como traducir la información que llegó del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre LVF Liberty.

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