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En su informe, la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro Castillo, incluyó a 12 altos funcionarios como parte de “”, una organización criminal que habría tenido como finalidad copar y controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Según la tesis fiscal, el grupo habría buscado evitar que Pablo Sánchez siga como fiscal de la Nación. Para ello, Guido Aguila, exmiembro del CNM, contactó al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Pedro Chávarry como titular de la Fiscalía, en la Junta de Fiscales Supremos.

El otro aliado sería Tomás Gálvez Villegas, uno de los personajes de esta turbia historia, que habría tenido en su poder los números telefónicos de los miembros de “Los Cuellos Blancos”, siempre según el informe fiscal.

Entre tanto, los magistrados Ángel Romero Díaz y Martín Hurtado Reyes se habrían visto favorecidos en su nombramiento como jueces supremos, previa intermediación del detenido empresario Mario Mendoza ante Aguila. En esta nota, los fiscales supremos Rodríguez Monteza, Gálvez Villegas, así como los jueces supremos Romero y Hurtado, niegan las acusaciones y restan crédito al testimonio de los colaboradores.

“Ni siquiera se me ha llamado para declarar”

El fiscal supremo en lo civil, Víctor Rodríguez Monteza, indicó que la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro Castillo, ha actuado con ligereza porque, a su parecer, no ha corroborado el testimonio del colaborador eficaz para verificar su versión, la cual lo vincula como miembro de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“En el informe fiscal, no hay ninguna corroboración. Solo es el dicho del colaborador. La fiscal ha actuado a la ligera, sin corroborar cuando ni siquiera se me ha llamado a declarar ni a los otros que menciona el colaborador”, indicó Rodríguez a Canal N.

En el citado informe, se señala que el fiscal supremo habría filtrado información a los miembros de la presunta red, entre ellos, el suspendido juez supremo César Hinostroza, para alertarlos de que los estaban grabando como parte de las investigaciones.

“¿Qué sentido tiene que yo informe sobre una situación en la cual yo estaría inmerso?”, cuestionó el magistrado.

Asimismo, mostró su preocupación por la revelación de estos documentos a la prensa, lo cual supondría “que la fiscal que ha estado investigando el caso ha filtrado esos documentos. Eso supondría una falta grave”.

Añadió que tanto él como el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, no han hecho nada malo para apartarse de sus cargos.

“Informe de la fiscal es contradictorio”

El fiscal supremo en lo contencioso administrativo, Tomás Gálvez Villegas, calificó el informe de la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro Castillo, como “contradictorio”, pues recoge testimonios de colaboradores que no han sido corroborados con otros elementos de juicio.

“El testimonio del colaborador dice que ‘Los Cuellos Blancos’ querían evitar que Pablo Sánchez siga como fiscal de la Nación y poner a Gonzalo Chávarry. Pues eso es falso, porque era público que Sánchez había dicho que no quería seguir en el cargo y, por unanimidad, en la Junta de Fiscales Supremos se eligió a Chávarry”, señaló Gálvez Villegas en diálogo con Correo.

En esa línea, sostuvo que el propio Sánchez propuso a Chávarry para que sea su sucesor en el cargo. “Creo que la fiscal se ha apresurado al emitir ese informe”, añade.

Asimismo, descartó que se haya reunido con el empresario Mario Mendoza -hoy detenido por ser presunto miembro de la citada organización criminal- tal como sindica el informe fiscal. “A Mario Mendoza ni lo conozco, para qué me iba a reunir con él”, añadió.

Recordó que la denuncia en su contra responde a un móvil de venganza, pues él fue quien testificó en contra de José Luis Cavassa, detenido por ser uno de los miembros de “Los Cuellos Blancos”.

“Versión de un colaborador no es verdad absoluta”

El juez supremo Ángel Romero Díaz negó ser integrante de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, tras ser sindicado como parte de la organización criminal por un colaborador eficaz en un informe suscrito por la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro.

A través de un pronunciamiento, Romero calificó la acusación en su contra como contradictoria pues, dijo, el mismo informe da cuenta de una reunión que se habría organizado para evitar que sea nombrado juez supremo.

“Resulta contradictorio que una situación adversa a mi persona sea tomada como un acto de participación de una organización criminal. Es necesario precisar que la propia fecha resulta ser ajena a la realidad, habida cuenta que mi nombramiento se concretó en el año 2015”, se lee en el mensaje.

En esa línea, remarcó que el testimonio de un colaborador eficaz no puede tomarse “como una verdad absoluta”, tal como indica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el debido proceso.

“La declaración de un colaborador eficaz no puede ser tomada como una verdad absoluta como lo manda el debido proceso y diversas sentencias del Tribunal Constitucional”, precisó Ángel Romero.

Romero es investigado por el Comité de Ética del Poder Judicial a raíz de los audios.

“Con Mario Mendoza nunca tuve amistad"

El juez supremo Martín Hurtado Reyes negó haber sido favorecido por alguna gestión del empresario Américo Mario Mendoza, tal como se señala en la declaración de un colaborador eficaz que recoge la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro.

A través de un pronunciamiento, Hurtado Reyes descartó que se haya reunido con Mendoza, quien habría contactado al exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, para favorecerlo en su nombramiento como juez supremo.

“Se me pretende involucrar como miembro de una organización criminal, debido a que mi nombramiento como juez supremo se habría producido por apoyo de Mario Mendoza, quien habría intercedido -según el colaborador- ante Guido Aguila, para hacer valer sus influencias. Todo lo cual resulta absolutamente falso y afecta mi honor y el de mi familia, igualmente mi trayectoria profesional”, señaló Hurtado.

Sobre Mendoza, el magistrado dijo que nunca “tuve amistad ni cercanía”.

Añadió que resulta necesario corroborar la declaración íntegra del colaborador eficaz con otros elementos de convicción, un testimonio que calificó como “inconsistente y genérico”. Hurtado es investigado por el Comité de Ética del Poder Judicial, a raíz de su vinculación con los audios del escándalo.