La Sala Penal de Apelaciones fijó para el próximo jueves 6 de mayo, a las 10 de la mañana, la audiencia para evaluar el pedido de Fuerza Popular que presentó para invalidar la incautación de documentos, realizada por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez en febrero del 2020. Esto, en el marco de la investigación que se le sigue al partido fujimorista junto a Keiko Fujimori y otros por el caso Odebrecht.
Regístrate gratis AQUÍ en Correo Hoy, el newsletter de Diario Correo
Pérez obtuvo información contable del partido de los años 2015 y 2016.
El abogado de FP, Elio Riera, presentó el recurso para anular la decisión del juez Víctor Zúñiga que autorizó la diligencia de allanamiento e incautación de documentos al local partidario. Sin embargo, este pedido se retrasó debido a las constantes recusaciones contra el magistrado, por parte de los investigados en este caso para apartarlo del proceso. Estos recursos, finalmente, fueron rechazados y el juez pudo elevar el pedido a la sala superior.
MIRA: Luis Galarreta: “Vamos a ser un gobierno de gran unidad nacional”
En diálogo con CORREO, Riera indicó que el pedido se iba a evaluar este miércoles pero la sala no notificó a la fiscalía sobre el recurso de apelación que presentó.
“Confiamos en que la Sala subsanará el error material de notificación a fin de que la Fiscalía pueda tomar conocimiento del recurso de apelación”, dijo Riera, quien se abstuvo de opinar sobre el fondo del caso.
Como se sabe, Fuerza Popular está comprendido como persona jurídica en la acusación penal que presentó el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial contra Keiko Fujimori, y otras 39 personas, por recibir financiamiento ilícito para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.
El estado del caso se encuentra a la espera de que el Poder Judicial convoque a la etapa de control de acusación -una fase previa al inicio del juicio oral- en la que revisará el documento presentado por el fiscal Domingo Pérez.
Pérez ha pedido 30 años y 10 meses para la candidata presidencial por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.