César San Martín: “Es una decepción que el Congreso no se haya puesto de acuerdo para el manejo del sistema penitenciario”

En entrevista con Correo, el juez supremo César San Martín, uno de los autores del proyecto que emitió el Poder Judicial presentado ante el Ejecutivo para revertir el hacinamiento de los penales nos brindó su opinión acerca del dictamen que fue rechazado en el Congreso de la República.

El pleno del Congreso rechazó dos dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría, que buscaban reducir el hacinamiento en las cárceles del país. El argumento que repitieron todas las bancadas hacia el final del debate fue que la responsabilidad sobre el tema corresponde al gobierno.

¿Cuál es su opinión respecto al archivo del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y el Poder Judicial para evitar el hacinamiento en los penales ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19)?

Para mí, es una gran decepción que el Congreso no se haya puesto de acuerdo para el manejo ordenado y eficiente de todo el sistema penitenciario, la política de deshacinamiento es una política de Estado, pero nos damos con la sorpresa de que con todas las intervenciones no hubo esa línea de apreciar la gravedad del sistema penitenciario y eso ha traído como consecuencia que al final no hay luz y esto es dramático, revela el poco encaje del Congreso con la ciudadanía y las exigencias sociales.

Por ejemplo el congresista Daniel Urresti dijo que estaba en contra de que algún interno saliera de prisión ¿cuál es su comentario?

Los problemas acá que se presentan ahorita son de emergencia y frente a problemas excepcionales salidas o alternativas excepcionales, no estamos frente a una época de normalidad estamos frente a un problema de que puede generar la difusión de la infección de esta pandemia en los penales no hay formula humanitaria posible no solo desarrollando una consistente política de salubridad al interior de los penales sino que esta seria insuficiente si a su vez esta política no se ve acompañada de excarcelaciones no hay como y los riesgos son gravísimos.

¿Considera que el congreso ha malinterpretado la propuesta?

Desde luego, yo creo que han asumido perspectivas distintas ha mi juicio, no han tenido la línea de advertir claramente la tragedia en los penales y la ponderación de los bienes jurídicos más importantes que uno debe de privilegiar en momentos de pandemia, eso es lo que me parece.

¿Lamenta la decisión?

Me siento muy decepcionado por esta falta de acuerdo en el Congreso esperemos que se retome el debate porque es un tema de absoluta prioridad, ademas lo esta comunicando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que hay que trabajar sistemas alternativos a la función, lo dijo en abril de este año y debemos incurrir en responsabilidad internacional, eso lo que me esta preocupando no se trata de una política irresponsable de excarcelar a los peligrosos, se trata de una política sensata de evitar muerte nada mas que eso.

En resumen dijeron que no se aprobó el dictamen porque es un tema que le corresponde al gobierno y no al Congreso ¿Esto es así?

No, nos corresponde a todos y el congreso tiene que legislar, si el ejecutivo ha planteado un proyecto de ley es porque entiendo de que para lograr los efectos menos perjudiciales se necesita una legislación que flexibilice las excarcelaciones. En este momento de pandemia, ojo en este momento excepcional, es un problema del Congreso. (…) Me preocupa todo el personal del Inpe, especializar trabajadores para penales y construir penales o cárceles agrícolas no se hace de la noche a la mañana, hay que tener mucho cuidado en esos planteamientos que funcionan desde el mediano y largo plazo, pero ahora necesitamos soluciones de corto plazo que nos mueve la agenda porque es un tema de humanidad.

Se habló de que el proyecto beneficiaba a personajes ligados a delitos de corrupción y lavado de activos ¿Que nos puede decir?

Entiendo que son parte de políticas conspirativas, siempre se hace para beneficiar a los mas peligrosos de la sociedad, no pues, no vamos a ese tema. Lo que queremos es dar una respuesta frente a un problema gravísimo de un virus que no tiene lineamientos, no tiene excepción ataca a buenos, malos, delincuentes por ilícitos muy graves de corrupcion, de secuestro, violación ataca a todos.

Hay que ser inteligente para el tema, pero si se ve de los delitos excluidos en el proyecto allí están las prohibiciones en donde dice que no pueden salir los (inculpados) de terrorismo, los asesinos, los marcas, los sicarios porque hay candados.

En el caso de los investigados por el caso Lava Jato ...

Hay que analizar primero qué riesgo hay para el proceso, es un dato fundamental, pero lo que me interesa es ver en una persona la edad que tiene, qué comorbilidad (padece), cuál es la situación en concreto del penal donde está, que políticas sanitarias internas se ha implementado, cuál es su nivel de eficiencia, qué otra alternativa en la prisión puede existir de modo viable. Hay que pensar caso por caso, no se trata de con una línea abrir las puertas de un modo impensado y genérico, sino una política inteligente de excarcelación para evitar que se muera la gente, morirse siendo imputado no condenado es gravísimo, pero morirse siendo penado también es grave.

El Estado está en la obligación de fijar políticas de salubridad a ellos (los internos) y a todo el mundo, es muy complicado tenemos que dar una mirada de humanidad y piedad sin ser ilusos y tontos pero tampoco sin ser obstinados y estar cegados por la lógica fundamentalista de negación.

¿Que le pediría al Congreso ?

Yo creo que debe de volver en insistir a generar una legislación razonable, la que estime por conveniente sobre la base de ese problema, de esa urgencia por razones de salud pública le pido al Congreso que vuelva una mirada al tema siempre con una línea clara respetuosa de los derechos humanos pero también respetuosa de la seguridad colectiva, porque la emergencia así la demanda, no estamos en un proceso de normalidad siempre lo he dicho a situaciones excepcionales medidas excepcionales hay que hacerlo.