César Villanueva y otros detenidos fueron trasladados al Poder Judicial para control de identidad

El expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva, intervenido por agentes de la policía y a pedido del Ministerio Público, fue trasladado a la sede del Poder Judicial para que sea sometido al proceso de control de identidad como parte de la detención preliminar aprobada en su contra.

El exprimer ministro fue trasladado junto al empresario José Santisteban Zurita, el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado, y Ronald Chafloque, todos detenidos por supuestamente haber cometido los delitos de tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal al intentar infiltrar el equipo especial Lava Jato.

Abogado de César Villanueva. Foto: Ángela Ponce

El juez supremo Hugo Núñez Julca, que aprobó el pedido del fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, encabezó la sesión y, luego de ella, se procedió a trasladar nuevamente a los intervenidos a la sede policial.

Núñez Julca, en su resolución para admitir la detención preliminar, consideró que todos los implicados coordinaron con César Villanueva la posibilidad de tener acceso a información en manos del equipo especial Lava Jato.

El investigado Alberto Rossel Alvarado habría sido contactado por César Villanueva atendiendo a su condición de fiscal superior titular, a fin de que influya en la investigación que se le sigue [por el Caso Odebrecht]. Este, a su vez, habría invocado influencias a fin de obtener un beneficio, usando para tal efecto a su hijo, Alberto Rossel Obando, para que se presente formalmente como defensor de Villanueva. Este investigado habría realizado diversos actos que evidenciaría un patrocinio ilegal a favor del investigado, señala la resolución.

Esposa de César Villanueva. Foto: Ángela Ponce. 

Rossel Alvarado contactó al fiscal Chafloque, quien había compartido labores con Alexander Taboada Guardián, quien hasta ayer era parte del despacho del fiscal Germán Juárez en el equipo especial y quien ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación. Para sustentar esta versión, la fiscalía presentó el seguimiento policial y registros de llamadas telefónicas.