En un plazo de quince días, los estudiantes universitarios a nivel nacional deberán someterse a las nuevas reglas de juego que plantea la nueva Ley Universitaria si el Ejecutivo reafirma el dictamen aprobado ayer por el Congreso.

El texto sustitutorio del proyecto elaborado por el legislador Daniel Mora coloca ahora al Gobierno a cargo de las políticas de educación superior, así como al frente de la regulación de la calidad del servicio educativo, abriendo paso a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El texto aprobado plantea la creación de esta Superintendencia que reemplazará instituciones como la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu).

Según lo explica el propio Mora, promulgada la ley, tanto la ANR y la Conafu "se disolverán" como órganos de control. Así, el Ministerio de Educación será el encargado de proponer al nuevo superintendente, lo que es advertido por algunos rectores como una medida "intervencionista" que viola la autonomía universitaria.

Junto a Sunedu se reformará el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) con la finalidad de ajustar los procesos de acreditación.

CERTIFICACIÓN. Aunque voluntario, las imposiciones tributarias beneficiarán a aquellas universidades que obtengan su certificación al demostrar la existencia de objetivos académicos, grados y títulos con planes de estudios.

Será indispensable también la disponibilidad de recursos humanos y económicos -bienes- para la sostenibilidad de sus actividades. Léase infraestructura y equipamiento adecuados para el cumplimiento de sus funciones, como bibliotecas y laboratorios, entre otros.

VIDA UNIVERSITARIA. Cabe destacar que entre los planteamientos del dictamen se establece que el estudiante ya no podrá tener el bachillerato con un solo trámite administrativo, sino que el alumno requiere "haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el inglés".

Para acceder al título, deberá presentar una tesis. No obstante, se señala que las instituciones acreditadas "pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas".

Si bien la elección de los rectores y vicerrectores en las universidades públicas se realizará con votación de los estudiantes, en las instituciones privadas serán sus propios estatutos los que determinen el modo en que se elegirán a sus autoridades.

Ahora bien, los profesores de las universidades deben tener el grado mínimo de maestría, dándoles un plazo de 5 años para alcanzarlo.

El documento apunta que "el periodo de nombramiento de los profesores ordinarios es de tres años para los profesores auxiliares, cinco para los asociados y siete para los principales. Al vencimiento de dicho periodo, los profesores son ratificados, promovidos o separados de la docencia".

Asimismo, las universidades deberán contar como mínimo con una planilla de no menor de 25% de catedráticos a tiempo completo. Se dispone también eliminar los vicerrectorados de administración por una gerencia administrativa.

AJUSTADO. El debate se extendió por más de dos meses en el Congreso debido a los cuestionamientos alrededor de los alcances y planteamientos de la nueva Ley Universitaria. Pero, al parecer, la polémica no culminará con su ajustada aprobación.

La discusión de la norma, que se vio interrumpida hasta en dos jornadas, obtuvo 56 votos a favor gracias a la alianza entre Gana Perú, Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio.

Los 46 votos en contra correspondieron a los legisladores de Fuerza Popular, PPC-APP, Solidaridad Nacional y el APRA. La posibilidad de una segunda votación fue descartada tras aprobarse la exoneración propuesta por el mismo Mora con 56 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones.

Los números en favor del dictamen se dieron tras una ardua tarea de Mora, quien buscando el consenso para contar con los votos necesarios para su aprobación, tuvo que hacer algunos cambios al proyecto inicial al percatarse que el respaldo del Ejecutivo, presente con las ministras Ana Jara y Carmen Omonte, además de la vicepresidente Marisol Espinoza, no alcanzaba.

Sin embargo, las 38 sugerencias recogidas para la modificación de la Ley Universitaria no fueron suficientes para llegar a un acuerdo con la oposición.

Y es que, según lo dejó ver el aprista Mauricio Mulder, el texto sustitutorio que presentó Mora solamente incluyó las propuestas alcanzadas por los parlamentarios oficialistas, acciopopulistas y chakanos.

Así, se dio pase a una serie de cuestiones previas que buscaron ganar adeptos en las bancadas de Unión Regional y Solidaridad Nacional.

La primera fue presentada por Yonhy Lescano, que planteaba que el capítulo 2 y las disposiciones complementarias del proyecto se voten por separado. Esta y la planteada por Luis Galarreta para que el proyecto sea debatido mañana (en sesión plenaria extraordinaria) fueron rechazadas con 59 votos en contra y 48 a favor.

Por su parte, Jorge Rimarachín solicitó someter a consideración del pleno que algunos artículos sean debatidos por separado, pero su planteamiento también fue desestimado.

Mientras las llamadas telefónicas desde Palacio de Gobierno -según confirmaron fuentes nacionalistas- eran recibidas por los miembros de la bancada de Gana Perú para articular su postura, la cuestión previa de Mauricio Mulder para que el proyecto sea revisado por la Comisión de Constitución también fue rechazada.

Pese a la insistencia de la oposición, el escenario con el que se logró frustrar la votación en la sesión vespertina del miércoles por falta de quórum fue distinta y el titular del Parlamento, Fredy Otárola, procedió a colocar el dictamen a votación, logrando a duras penas la ansiada luz verde.