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En defensa del fuero. El Congreso de la República aseguró que cuenta con “plena autonomía” respecto al proceso que sigue la acusación constitucional formulada contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por no haber investigado al exmandatario Pedro Castillo por presuntos ilícitos durante su gestión cuando ella aún era titular del Ministerio Público.
A través de un comunicado, el Parlamento le respondió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de que este organismo pidiera a los legisladores hacer una “reflexión” y tomar una decisión “ponderada” sobre la votación del informe final de la denuncia, que recomienda sancionar a Ávalos con una inhabilitación por cinco años.
“Ante el reciente pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso de la República tiene autonomía en sus decisiones, sustentado en la Constitución Política del Perú. Las acusaciones constitucionales están establecidas como una de las funciones del Parlamento”, se lee en el comunicado difundido por el Congreso a través de sus redes sociales.
Inicialmente, el informe final de la denuncia contra Ávalos Rivera iba a ser discutido ayer en la sesión del Pleno, pero el tema fue pospuesto a raíz a una licencia de salud solicitada por el ponente del caso.
Al respecto, el presidente del Congreso, José Williams, precisó que el Consejo Directivo reprogramará oportunamente la fecha y hora del debate y votación de la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación.
CRÍTICAS. La postura adoptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) generó -durante la jornada- una serie de reacciones y críticas por parte de los parlamentarios y expertos, quienes señalaron una presunta injerencia del organismo en un proceso de competencia del Poder Legislativo.
La vocera de la bancada de Fuerza Popular (FP), Patricia Juárez, manifestó que la JNJ “pretende interferir” en una decisión que corresponde al Congreso de la República.
“No es el papel constitucional que le corresponde, considero un descrédito pronunciarse sobre un procedimiento parlamentario contra una persona sujeta a la competencia de esta institución”, dijo en RPP.
Juárez indicó que la fiscal suprema Zoraida Ávalos “ha tenido la posibilidad de ejercitar válidamente su defensa conjuntamente con su abogado” a nivel de la Subcomisón de Acusaciones Constitución, espacio presidido por la congresista Lady Camones y que dio trámite a la denuncia.
Juárez también cuestionó que Ávalos dejara “en suspenso” las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, cuando posteriormente Patricia Benavides, actual titular del Ministerio Público, “fue más allá acusando constitucionalmente”.
“Quiere decir que se podía hacer, pero era cuestión de voluntad de la fiscal (Ávalos) en ese momento”, señaló.
Durante el periodo en que Ávalos Rivera era aún fiscal de la Nación, el entonces jefe de Estado era cuestionado por casos graves como los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; “PetroPerú”; “Puente Tarata III”; entre otros, que comprometían a personal de confianza y del entorno presidencial.
Por su parte, la legisladora Vivian Olivos (FP) consideró que la exfiscal de la Nación pretende victimizarse ante una eventual inhabilitación para el ejercicio de un cargo público.
En diálogo con este diario, Olivos sostuvo que “ha quedado más que evidente que ella protegía a Pedro Castillo”.
“Creo que Zoraida Ávalos debería alistar sus maletas del Ministerio Público”, agregó.
Olivos indicó que la fiscal suprema ha señalado a los medios de comunicación que sí abrió investigación al expresidente, pero no ha precisado las diligencias que realizó.
Por otro lado, el tercer vicepresidente del Congreso de la República y parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, tildó como “un descaro total” el pronunciamiento de la JNJ. También cuestionó el accionar de dicha entidad, creada tras el referéndum impulsado por el expresidente Martín Vizcarra y que -a su criterio- generó la destrucción del sistema partidista, el debilitamiento institucional y el copamiento del poder por parte de un sector. “Insto a las fuerzas políticas a deshacer esta maquinaria empezando por una reforma a la JNJ”, señaló vía Twitter.
En tanto, el congresista no agrupado Edward Málaga manifestó ayer su desacuerdo con el comunicado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), acto que calificó como “una interferencia”.
“El tema de fondo es la separación de poderes. Tenemos que respetar y resguardar el hecho de que, por ejemplo, los congresistas no pueden interferir con la justicia o que reflexione sobre cómo juzgar a un acusado; y es lo que está haciendo la JNJ”, indicó en canal N.
Málaga señaló que, con su pronunciamiento, el citado organismo “le está diciendo al Congreso cómo comportarse” respecto a una persona “con nombre y apellido”. “Para mí sí hay una interferencia”, refirió.
El parlamentario indicó, además, que de votarse a favor de la acusación, el caso de Zoraida Ávalos pasaría a manos del Ministerio Público y el Poder Judicial, cuyos miembros “responden a la JNJ”.
“Tiene un aroma esto no solo a interferencia, sino a conflicto de interés. Eso me parece que está mal”, indicó.
Como se recuerda, el informe final de la denuncia recomienda acusar a Ávalos por presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución, y solicita su inhabilitación por el periodo de cinco años para el ejercicio de la función pública. Además, se le acusa por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
AGENDA. Según pudo conocer este diario, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dará cuenta hoy en su sesión extraordinaria de la denuncia constitucional que presentó la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo.
El documento fue ingresado en último miércoles tras el pronunciamiento de la JNJ a favor de la exfiscal de la Nación.
El grupo que presidente Lady Camones se reúne desde las 9 de la mañana para llevar a cabo una sesión semipresencial. De acuerdo a la norma, una denuncia constitucional es derivada de forma inmediata a la Subcomisión para su calificación. El pronunciamiento sobre la admisibilidad y/o procedencia se realizará en un plazo de máximo de 10 días hábiles.
Entre otros puntos de agenda, la comisión evaluará el informe de calificación de la denuncia constitucional formulada contra en contra del expresidente Martín Vizcarra; el exmandatario Francisco Sagasti; y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por el caso ‘Vacunagate’.
