La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encabezada por Rosío Torres (Alianza para el Progreso), dio cuenta de la denuncia constitucional planteada por Patricia Chirinos (Avanza País) contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, por presunta infracción a la Carta Magna.
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Además, la acusación N° 209 se presentó por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por no iniciar investigación contra el presidente Pedro Castillo.
Siguiendo el Reglamento del Congreso, la titular de la subcomisión informó que el grupo de trabajo tendrá diez días hábiles para elaborar los informes de calificación correspondientes a fin de determinar si declaran procedente o no la denuncia constitucional.
Esta decisión se tomó luego de que Alejandro Cavero (Avanza País) solicitó la ampliación de la agenda para dar cuenta de esta iniciativa. Fue aceptada con diez votos a favor, dos votos en contra y dos abstenciones.
En otro momento, el subgrupo de trabajo no aceptó ampliar la agenda para dar cuenta de las denuncias constitucionales N° 225 y 226, planteadas por Margot Palacios (Perú Libre) y Betssy Chávez (Perú Democrático), respectivamente, contra la titular del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular).
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Reprogramación de audiencias
Siguiendo la sesión de este lunes, la subcomisión suspendió la audiencia de la denuncia constitucional N° 183 contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro, por presunta infracción de los artículos 16 y 128 de la Constitución y la probable comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
De igual forma, se reprogramó la audiencia de la denuncia constitucional N° 176, formulada por la excongresista Janet Sánchez, contra la excongresista Maritza García Martínez, por la presunta comisión del delito de Falsedad Genérica, tipificado en el artículo 438 del Código Penal.
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Subcomisión da cuenta de denuncia constitucional contra fiscal de la Nación
Zoraida Ávalos fue denunciada constitucionalmente por presunta demora de actos funcionales al no iniciar investigación contra el presidente Pedro Castillo.