Congreso vapulea a los ministros Carlos Oliva y Francisco Ísmodes por Tía María

Legisladores de diferentes bancadas cuestionaron doble discurso del Ejecutivo en el manejo del conflicto minero y postura revelada en polémico audio con autoridades sureñas.
Congreso vapulea a los ministros Carlos Oliva y Francisco Ísmodes por Tía María

Congreso vapulea a los ministros Carlos Oliva y Francisco Ísmodes por Tía María

15 de Agosto del 2019 - 06:56 » Textos: Damián Retamozo (dretamozo@grupoepensa.pe) » Fotos: César Bueno

Como se preveía, los alcances del audio arequipeño y la actuación del presidente de la República en torno al conflicto Tía María dominaron ayer el debate en el Congreso. Ninguno de los ministros invitados, curiosamente, había pronunciado durante su exposición inicial ni una sola palabra sobre la reunión reservada del presidente Vizcarra, el 24 de julio, con los líderes regionales opositores al proyecto minero. 

Sin embargo, ese fue anoche el tema central para todas las bancadas del Parlamento, salvo para PPK, cuyo portavoz, Clemente Flores, expresó el respaldo del bloque oficialista asegurando que “si no están dadas las condiciones, los proyectos mineros no pueden caminar”.

El legislador Luis Iberico, portavoz de Alianza Para el Progreso, lanzó una pregunta crucial dirigida al jefe de Estado y a los ministros presentes en el hemiciclo: “No sabemos qué se ha acordado (...). ¿Tía María va o no va? Es lo queremos saber. Pareciera que el Presidente ya tiene una decisión tomada. Y esa sería la cancelación”. Los representantes de los dos grupos de izquierda del Congreso desecharon cualquier debate técnico y manifestaron su rechazo “absoluto” al proyecto, que a su juicio es “inviable”.

“Todos sabemos que Tía María no va. No porque lo diga un izquierdista antiminero, sino porque el pueblo lo ha dicho”, expresó, por ejemplo, Edgar Ochoa, de Nuevo Perú. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, expuso durante 38 minutos cifras y datos sobre los impactos económicos del conflicto Tía María. 

Francisco Ísmodes (Energía y Minas) lo hizo por 40 minutos acerca de los procedimientos y gestiones del Ejecutivo. No aludió a las gestiones del presidente Vizcarra. En los momentos finales, el debate derivó en duros cuestionamientos al proyecto del presidente Vizcarra de elecciones generales anticipadas. 

Impactos Económicos

Según el titular del MEF, el impacto económico del conflicto por Tía María en la región Arequipa es de unos S/250 millones, particularmente entre el 25 de julio y agosto del 2019. Los impactos han sido en rubros como el consumo de electricidad, agricultura , comercio, transporte, alojamiento y restaurantes. 

“El 30% de estas actividades han sido afectadas”. Refirió que el proyecto Tía María “no es el proyecto mas grande en el Perú pero es importante para todo el país”.Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, refirió que el Ejecutivo ha realizado coordinaciones con los agricultores y los alcaldes de la zona. 

Así, mencionó que el Gobierno autorizó construir la presa de Yanapuquio por S/1.6 millones y obras de saneamiento para Islay y la región por S/28 millones. Según el legislador de Acción Popular Miguel Román Valdivia, “la licencia de construcón a la empresa Southern Copper no ha hecho sino agravar la situación de conflictividad”.

“El Presidente desautorizó a sus ministros cuando les dice [a los líderes regionales] que los va a ayudar, asesorar para traerse abajo el proyecto”, dijo.Para Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, la estimación de daños y pérdidas del ministro de Economía y Finanzas “no solo es conservadora sino equivocada”.

En opinión de Mauricio Mulder, el tema de fondo no es el conflicto minero.”El problema es el señor Vizcarra. Ahí es donde el Congreso tiene que actuar y darle una respuesta política”, dijo y propuso archivar el proyecto de adelanto de elecciones “para demostrar que no estamos aquí para bailar el sainete que pretende imponernos”. La bancada fujimorista no dejó pasar las críticas al polémico audio que reveló tratos entre el presidente Martín Vizcarra y las autoridades arequipeñas dirigidos a suspender la licencia del proyecto minero previos al pronunciamiento del Consejo de Minería. 

Avances

En otro ángulo del tema, los gobernadores de la Macro Región Sur informaron que se encuentran ultimando detalles del proyecto de la nueva Ley de Minería, la cual será presentada de manera oficial el próximo 27 de agosto en el V Encuentro de la Macro Región Sur.

El presidente de la mancomunidad y gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, señaló que para la elaboración de la propuesta se convocará a los congresistas actuales elegidos en las regiones participantes.También dijo que se realizarán consultas a comunidades andinas, municipalidades y gobernadores a fin de que se pueda aplicar en todas las regiones del país. 

Y se planteará que exista consulta previa para los proyectos mineros, a la tributación de las empresas mineras y la creación de un fondo para que se realicen obras en zonas aledañas a los focos de trabajo. La cita, que tuvo lugar en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, contó con la presencia de los gobernadores de Madre de Dios, Luis Hidalgo; Moquegua, Zenón Cueva; y Arequipa, Elmer Cáceres.En otro momento, Hidalgo solicitó “realizar una disposición de un reparto más justo” del canon minero, con prioridad en los lugares donde se ejecutan los proyectos de extracción.

Opinión

El experto en temas de arbitraje Carlos Paitán sostuvo que el Estado “se expone demasiado” a que la empresa Southern Perú formule un reclamo en instancia internacional tras la suspensión de la licencia al proyecto minero Tía María. Explicó que un proceso de este tipo tiene primero previsto un plazo de seis meses para que el inversionista y el Estado resuelvan las controversias en torno al proyecto. 

Al no hallarse un consenso tras este periodo, la empresa está habilitada para iniciar una denuncia en una instancia internacional, proceso que puede extenderse entre dos y tres años.“Que haya un retroceso en este tema afecta lo que se denominan legítimas expectativas de un inversionista, de empezar y ejecutar un proyecto de inversión, como un proyecto minero. Definitivamente se expone demasiado el Estado a que se genere un reclamo por el inversionista sobre este tema”, advirtió el abogado del estudio Paitán & Asociados.

Sostuvo que, por casos ya sostenidos en los últimos años, la tesis presentada por el Estado sobre la posible afectación ambiental, o a los recursos naturales, “muchas veces no es un argumento fuerte para un tribunal”.

Impacto

Si bien evitó referirse a un monto promedio que el Estado deba responder por un caso eventual de este tipo, Paitán manifestó que existen tres frentes a los que podría recurrir la empresa: 1) con la caída en las acciones, Southern podría solicitar el resarcimiento por este punto; 2) solicitar la devolución del monto invertido ante la no continuidad del proyecto por parte de Southern; 3) pedir el “lucro cesante”, que son las expectativas a ganar por parte de la empresa durante los años que tenía prevista la ejecución.

“De estos tres, el último es el más cuestionable, porque hay una serie de requisitos y hay que cumplir una serie de etapas previas. (...) En líneas generales, hay estos tres frentes que podría considerar. Será el asesor legal o financiero quien tendrá que decir cuáles de estas tres podrían solicitar”, precisó.

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