Una reciente revelación hecha por el congresista fujimorista Percy Alcalá puede poner los pelos de punta a cualquiera. En conversación con Correo, el legislador aseguró que los legisladores que votaron por la suspensión del Estatuto del Servicio Parlamentario -que dejó en suspenso la regulación de las contrataciones y nombramientos en el Congreso- lo hicieron sin conocer de qué trataba.
La historia inició el 7 de diciembre del año pasado, cuando se presentó un proyecto de Resolución Legislativa para incorporar al Reglamento del Congreso, una disposición en la administración de los recursos humanos, contrataciones, nombramientos, entre otros. Para decidir sobre estos temas, primaría la decisión de la Mesa Directiva.
El 9 de enero de este año se presentó otro texto, pero con un solo párrafo. Sin embargo, a las 6:54 de la tarde de ese día, el congresista Percy Alcalá agregó una hoja -según él a título personal- con una disposición complementaria que decía: “En tanto se aprueben los instrumentos de gestión que requiere la Administración del Congreso de la República, se suspende la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario”.
Es así que se pasa asistencia y se aprueba el proyecto, incluida la hoja de Percy Alcalá, a las 6:57 de la tarde.
SUSTENTO
¿Tuvieron tiempo los congresistas para tomar una decisión sobre el tema? En conversación con Correo, el congresista Percy Alcalá señala que añadió la hoja con su propuesta en aras de otorgar facilidades y facultades a la Mesa Directiva.“Si no se cambia la estructura orgánica, no se podría aprobar un nuevo reglamento de organización de funciones”, indicó.
Percy Alcalá recuerda que él sustentó la disposición complementaria. “Fui el último en tomar la palabra. El presidente del Congreso (Luis Galarreta) preguntó si alguien más deseaba hacer uso de la palabra. Nadie dijo nada. Entonces dijo: ‘Vamos a votar’”, sentenció.
Alcalá revela que, luego de la votación, varios congresistas se acercaron a él y le pidieron que les explique la medida. “Si yo voy a debate de una ley, si no he leído el texto y no conozco, me quedo callado; si conozco, refuto. De eso yo no tengo la culpa”, indicó.
CONTRATACIONES
La suspensión de la vigencia del Estatuto dejó sin efecto la norma que regula las contrataciones y nombramientos en el Congreso.En la disposición sobre la carrera del Servicio Parlamentario del personal con contrato a plazo determinado, el Estatuto contempla lo siguiente: “El personal del Servicio Parlamentario que se encuentra laborando con contrato de trabajo a plazo indeterminado, por más de cinco años, es incorporado automáticamente al régimen de carrera previsto en el presente Estatuto, en el nivel y plaza que se encuentra ocupando”.
Sin embargo, según informó Cuarto Poder, existen recibos de personas que han ingresado a laborar al Congreso en agosto de 2016, y ya tienen condición de “plazo indefinido”. Un grupo de ellos han sido aportantes de Fuerza Popular.
CONTRADICCIONES
Al respecto, la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) indicó que todo el cargamontón se debe a la semana crucial que tiene su excolega de bancada Kenji Fujimori. “Ellos quieren negociar sus votos para la Mesa Directiva”, señaló.La congresista afirma que el hecho de contratar a un aportante no es malo; el problema radicaría en contratar a una persona que no es apta para el puesto.
Pero la opinión no es compartida por su colega de bancada, Alcalá. “No lo veo ético”, indicó el congresista. Alcalá dijo además que ha tratado de llamar a Luis Galarreta para que le explique qué es lo que están haciendo.
“Yo he puesto mi punto de vista para poder mejorar, incluso hacer reportes de gastos superfluos”, sentenció. Estos gastos serían alquiler de locales y telefonía.
FAVORITISMO
A manera de respuesta, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, negó que haya existido un favoritismo con estas personas para beneficiarlas con contratos como estos.“Si se dice que es favoritismo, entonces, ¿qué es lo se hizo en los gobiernos anteriores, que se nombraba a personas de confianza?”, señaló.
Por ello, sostuvo que nombrar a personal de confianza en determinados cargos “es absolutamente normal”, pues cada cinco años se corta un contrato e ingresan nuevos trabajadores.
Galarreta explicó que en el Parlamento los trabajadores están distribuidos entre los que componen la organización parlamentaria (de los despachos, comisiones, grupos parlamentarios) y el servicio parlamentario (las oficinas). En el primer caso existe un número “indeterminado” de casi 1180 personas.
“Ojo que se ha bajado de cuatro mil y picos trabajadores porque en el toledismo y aprismo se aumentó. La Mesa Directiva de César Zumaeta hizo que ingresen 60 o 40 personas”, afirmó.
También recordó que la Mesa Directiva presidida por el Partido Nacionalista incrementó su planilla hasta en 35%. “En mi gestión dicen que se aumentó 271 trabajadores; recordarán que di conferencia en setiembre diciendo que se pone un técnico más por despacho, más o menos 135, porque se está fortaleciendo la función de representación y control político”, dijo.
Finalmente, consideró que el Estatuto debe modernizarse y para ello se están trabajando en las herramientas o mecanismos de gestión.
RECHAZO
Esta situación también generó críticas desde las bancadas opositoras de Fuerza Popular.Yonhy Lescano consideró que la Mesa Directiva debe rectificarse con relación al manejo del personal del Poder Legislativo.
“Están copando el Congreso. Hay trabajadores de muchos años que no tienen derechos laborales, están contratados con hojas de servicio, no tienen seguro ni nada. Tienen ocho, nueve o diez años de servicio en el Congreso y no tienen ningún derecho laboral”, indicó.
Sin embargo, cuestionó que a otros “que tienen pocos años” terminando siendo nombrados. Ante ello, precisó que el Parlamento estaría vulnerando normas de carácter internacional y de las leyes nacionales que debieron ser observadas.
“Si quieren que sigan trabajando, deberán hacerlo en las condiciones que establece la ley y no en la forma en que se está haciendo”, dijo.
A su turno, Edgar Ochoa (NP) sostuvo que una acción como la actual genera que la Mesa Directiva se vea como una instancia que actúa al margen de la transparencia y modificando el Reglamento del Congreso.
“Nosotros nos negamos a que se cambiara el Reglamento cuando bajaban la valla de las contrataciones especiales y convertían a cargos de confianza, cuando eran cargos de carrera. Con lo que hemos visto se evidencia, una vez más, que con los recursos del Estado se pagan favores electorales”, anotó.
Por ello, anunció que Nuevo Perú prepara la documentación que obligue al Congreso a declarar la nulidad de estos contratos y regresar a la forma regular. “No se trata de despedir a nadie, no se trata de ir contra el derecho de alguien, pero los favores electorales no se pueden pagar con los recursos del Estado”, sostuvo.

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