El Consejo de Estado, integrado por las altas autoridades de los tres poderes del Estado, así como el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Contraloría General de la República, emitió el pasado martes un pronunciamiento en el cual pide a la ciudadanía mantener “la tranquilidad” y respetar “los resultados” de las segunda vuelta electoral del pasado domingo 6 de junio.

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El documento indica que es “ajeno a una democracia promover rupturas constitucionales para acceder al poder” y se explica que “los discursos que incentivan el odio entre peruanos, no contribuyen a la paz social ni a consolidar los valores democráticos”.

“Mantengamos la tranquilidad y respetemos los resultados. Dentro del marco de sus competencias, las autoridades electorales deberán emitir los resultados finales y proclamar a la persona que ejercerá la presidencia del país en los próximos cinco años. Las agrupaciones políticas, conforme se comprometieron, y la ciudadanía en general debemos esperar y respetar los resultados finales de la elección”, se lee en el pronunciamiento.

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“La crítica seria, la información basada en la verdad y respetuosa, contribuyen a la formación de una opinión pública libre y tolerante. Los discursos que incentivan el odio entre peruanos, no contribuyen a la paz social ni a consolidar los valores democráticos. [...] Respetamos a nuestros organismos electorales. A ellos les corresponde resolver cualquier controversia planteada en el proceso electoral. Rechazamos cualquier tipo de presión y campañas de desprestigio hacia las autoridades electorales”, indican.

El comunicado del Consejo de Estado se encuentra suscrito por el presidente Francisco Rafael Sagasti; la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Luz Valcárlez Tello de Ñecco; y la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma.

Asimismo, firman el documento el titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack; el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.