El Consejo de la Prensa Peruana pidió archivar el protocolo de seguridad para periodistas del Ministerio del Interior y aseguró que se retiraron del grupo de trabajo que elaboraba el reglamento, debido a la falta de voluntad para que se incluya lineamientos técnicos de estándares internacionales.
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“El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) considera que el protocolo de seguridad para periodistas que promueve el Ministerio del Interior no garantiza la labor periodística ejercida durante protestas ciudadanas. Más bien, es una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión”, se indica en el pronunciamiento.
¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS?
Asimismo, indica que dicho proyecto no recoge las propuestas de la mayoría de organizaciones que participaron en las reuniones de consulta, incluyendo las del CPP.
“La Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior y otras instituciones públicas figuran como órganos rectores de periodistas en situaciones de protestas. El protocolo establece una relación de arriba hacia abajo entre el Estado y la prensa, lo que resulta inaceptable”, se detalla.
En esa línea, se destaca que no se considera que algunos agentes de la PNP han sido agresores de periodistas, a pesar de que las estadísticas más recientes la señalan como principal agresor. Además, no se incluye un procedimiento público y transparente de investigación a policías responsables de agresión a periodistas.
“La PNP figura como creadora de parámetros y lineamientos durante las coberturas de protesta, cuando los periodistas deben tener absoluta libertad para reportear como consideren conveniente. Por ejemplo, sugiere ubicaciones “adecuadas”, lo que supone un direccionamiento de la cobertura”, se agrega.
También se indica que no se menciona la prohibición de confiscar, retener, destruir o alterar material periodístico, ni detener arbitrariamente a periodistas, por parte de las fuerzas del orden.
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“Se refiere únicamente a periodistas colegiados como beneficiarios del protocolo, dejando de lado a cientos a nivel nacional. No incluye una definición de libertad de expresión ni libertad de prensa. No se menciona que el protocolo debe seguir estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, se indica entre los cuestionamientos.
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