Coordinadora de Derechos Humanos exige al presidente Pedro Castillo que nombre un nuevo Gabinete

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió al presidente Pedro Castillo que nombre a un nuevo Gabinete Ministerial debido a los cuestionamientos que existen contra viarios de sus miembros, entre ellos a su titular, Héctor Valer, quien fue denunciado por violencia familiar.

En un pronunciamiento menciona también la situación de Katy Ugarte, ministra de la Mujer, Alejandro Salas, ministro de Cultura, y Alfonso Chávarry, titular del Interior, sobre quienes también hay críticas.

“La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza la conformación del nuevo gabinete encabezado por el señor Héctor Valer. Este gabinete no garantiza la lucha contra la corrupción ni la defensa de la institucionalidad democrática, es un atentado contra los derechos de las mujeres, genera una fuerte preocupación frente a los derechos de los pueblos indígenas y de las víctimas del conflicto armado interno. Además, ha dejado de lado las demandas de cambio social, a las que se comprometió”, se lee en el pronunciamiento.

“El nuevo Premier ha recibido graves denuncias de violencia contra la mujer, lo que es una afrenta y una amenaza latente a sus derechos y lo descalifican para el cargo. Situación agravada por una ministra de la Mujer que reniega del derecho a la igualdad entre niñas y niños. De igual manera, otros de sus ministros, entre ellos el ministro del Interior y de Cultura son seriamente cuestionados por sus antecedentes, expresiones y/o denuncias que los vinculan con un machismo que vulnera derechos, una violencia política expresada en el terruqueo y a una red de corrupción que atentan contra la institucionalidad democrática”, agrega el escrito.

Cabe indicar que el nuevo jefe de Gabinete Valer Pinto ha negado que haya ejercido violencia contra su familia. En esa línea dijo estar dispuesto a someterse a una prueba psicológica para descartar que sea alguien violento.

El nuevo Gabinete debe pedir asistir al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza dentro de los primeros 30 días de su juramentación.