Correo Semanal halla a abogado con orden de captura por narcotráfico trabajando en local militar

En una audiencia judicial realizada el pasado martes 18 de marzo en el penal Castro Castro, el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como "Vaticano", se ratificó en su acusación contra el mayor en retiro y abogado Rafael Eduardo Franco de la Cuba, a quien llamó "Capulina". Fuentes del Poder Judicial así lo informaron a la revista Correo Semanal.

Acusado, no testigo. Peñaherrera acusó una vez más a Franco de la Cuba de haberle dado $50 mil al mes para que se los entregue a Vladimiro Montesinos Torres, exasesor de Alberto Fujimori encarcelado en la Base Naval del Callao.

La suma era el pago mensual por la custodia de soldados en el despegue y aterrizaje de avionetas cargadas con droga en la Base Punta Arenas, ubicada en el distrito sanmartinense de Campanilla.

Por ello, Franco fue acusado por tráfico de drogas. El proceso judicial se inició el 20 de octubre de 1993 en el Juzgado Penal de Juanjuí, San Martín.

Debido a que el acusado no asiste desde hace diez años al proceso, se emitió una orden de captura en su contra, la cual figura en el expediente 31-2013-0-SP (Sala Penal), que en la actualidad está a cargo del Colegido "F" de la Sala Penal de Lima. Pese a existir un mandato de detención en su contra, Franco continúa ejerciendo como abogado en su oficina, ubicada en el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, local auspiciado por los ministerios de Defensa y del Interior. Allí atiende a militares procesados por delitos de lesa humanidad.

Descargo tardío. Correo Semanal conversó con Franco, quien negó tener una orden de detención.

Aseguró que solo acepta de militares pagos para su pasaje, pero si ellos cobran del Ministerio de Defensa el pago por el patrocinio, sí acepta la cancelación de sus haberes.

Sin embargo, Mario Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima, quien asumió la defensa de los comandos del operativo "Chavín de Huántar", aseguró que el Ministerio de Defensa firma un contrato con el abogado por los servicios de este profesional. "En ningún caso el ministerio le da dinero a un militar para que contrate al abogado que quiera", aseguró el especialista.

Sobre la orden de captura, mencionó que la PNP debe ejecutarla en cualquier momento. "Si la Policía sabe dónde está la persona, debe capturarla", afirmó. Conozca más sobre este caso en la edición de hoy de la revista Correo Semanal.