Vladimir Cerrón no podrá, otra vez, ejercer la función pública

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica declaró improcedente la anulación de la sentencia de tres años de prisión suspendida contra del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, quien no podrá, otra vez, ejercer la función pública, según informó Canal N.

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Con esta decisión se revierte la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba que anuló las sentencias en contra del secretario general de Perú Libre, según informaron fuentes de El Comercio.

El pasado viernes 25 de junio la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica analizó este la apelación que presentó la Procuraduría del Poder Judicial para revertir la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba de anular las sentencias en contra del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. La vista de la causa fue dejada al voto.

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Como se recuerda, el miércoles 9 de junio la Corte Superior de Huancavelica a cargo del juez Salas Cornejo anuló la condena por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, que pesaba sobre el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón.

Dicha instancia declaró improcedente un hábeas corpus presentado a favor de Cerrón Rojas donde alegaba vulneración de los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, así como al principio de legalidad. Asimismo, declaró fundada en parte dicho recurso respecto al extremo de la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Horas después, el Poder Judicial informó que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha iniciado una investigación al juez Alaín Salas Cornejo de Huancavelica, quien declaró nula la sentencia contra Cerrón, y detalló que su procurador interpondrá este jueves un recurso de apelación para obtener la revocatoria de la resolución.

Cabe destacar que con esta resolución Vladimir Cerrón vuelve a estar inhabilitado para ejercer la función pública lo que dure su sentencia.

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