Cuadernos 'K' versus Agendas 'N'

Dicen que la pluma es más poderosa que la espada. Esta frase podría encontrar uno de sus mejores referentes en la develación de los “cuadernos de la corrupción K”, cuyas anotaciones han desencadenado todo un terremoto político en la Argentina, pues evidenciarían el pago de coimas tanto a Néstor Kirchner como a su esposa, Cristina Fernández, cuando estos fueron los presidentes de dicho país, entre los años 2003 y 2007 y del 2007 al 2015, respectivamente.

Estas libretas, escritas por Óscar Centeno -chofer del alto funcionario Roberto Baratta, segundo del exministro kirchnerista Julio de Vido- detallan supuestos cobros de sobornos a empresarios gauchos, quienes a cambio recibían obras. Precisan no solo lugar, hora y fecha de los pagos, sino también la cantidad (se consignan montos que suman 53 millones de dólares), quiénes entregaban el dinero y dónde terminaba este, los que se podían resumir en dos puntos: la Residencia Presidencial de Los Olivos o el departamento del matrimonio Kirchner-Fernández.

Debido a este destape, la Fiscalía argentina investiga a 15 personas y ha detenido a otras 12; mientras que 15 imputados se han “arrepentido” y colaborarían con las pesquisas respectivas.

Pero este caso no es el único de su clase en la región. El ejemplo más cercano lo tenemos, precisamente, en el Perú, donde a finales del 2015 las agendas de Nadine Heredia sacudieron Palacio de Gobierno, cuando Ollanta Humala ocupaba la presidencia.

Los cuadernillos de la ex primera dama, cuya propiedad negó una y otra vez hasta que finalmente la admitió, contienen una serie de anotaciones sobre supuestas reuniones entre Heredia o la ex “pareja presidencial” con diversos empresarios -entre ellos brasileños-, así como depósitos de dinero de procedencia desconocida a cuentas bancarias.

Aunque por este caso no se han efectuado detenciones como en su símil argentino, las libretas son una evidencia más en la investigación fiscal que el matrimonio Humala-Heredia enfrenta por presuntamente recibir dinero del gobierno venezolano y de constructoras brasileñas, como Odebrecht y OAS, y luego lavar estos fondos.