Cuestión de confianza: Salvador del Solar pide que primera aprobación sea en la actual legislatura

Frente a cientos de comerciantes que aspiran a la formalización, su discurso fue el mismo que un día antes, cuando, flanqueado por sus ministros de Estado y los presidentes regionales, anunció la cuestión de confianza. Ayer, el presidente Martín Vizcarra reiteró que su objetivo es conseguir la aprobación de los proyectos que presentó para la reforma política.

En medio de un “baño popular”, durante la ceremonia por la promulgación de la ley para formalizar los mercados públicos, el Mandatario se volvió a pronunciar sobre la decisión de poner en jaque al Parlamento -y al borde de una eventual disolución-, si es que dicho poder no da luz verde a las propuestas del Gobierno sin desnaturalizarlas. “Juntos vamos a combatir la corrupción, unidos vamos a generar la propiedad que ustedes merecen (...), y también unidos vamos a sacar la reforma política y judicial que necesitamos para tener mejores instituciones”, exclamó en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, donde se desarrolló el citado evento.

PONE PLAZO

El citado documento, además, adelantó el periodo límite para la evaluación de los proyectos en cuestión.“Dado que la situación por la que atravesamos es urgente, propondremos el día de nuestra presentación ante el Pleno que el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas venza al finalizar la presente legislatura (el 15 de junio), lapso en el cual también deben ser aprobados, en primera votación (...). Si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada”, reza el texto presentado al Legislativo.En la misma línea del presidente Vizcarra, el premier también reiteró que el Congreso debe respetar el “espíritu fundamental, sin desnaturalizarlas,” de las cinco propuestas gubernamentales.

El oficio precisa también cuál es la esencia de cada proyecto. En el caso del relativo al levantamiento de la inmunidad parlamentaria -archivado por la Comisión de Constitución hace 15 días-, adelantó que se presentará una nueva iniciativa. 

Pese a ello, destaca que el sentido se mantendrá: que la facultad de levantar dicha prerrogativa “corra a cargo de un órgano ajeno al Parlamento”.Sobre el resto de propuestas, se aclaró que la naturaleza de aquella relativa a los impedimentos para ser candidatos es impedir que alguien postule a un cargo de elección popular si fue condenado por delitos dolosos con una pena mayor a los cuatro años de prisión, mientras que el espíritu de la relacionada con la Ley de Organizaciones Políticas es que haya “elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias”.

En cuanto al proyecto que busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones, su esencia es la supresión del voto preferencial en las listas parlamentarias, así como la alternancia y paridad de género en ellas. Finalmente, en la iniciativa sobre la responsabilidad administrativa de los partidos políticos, el Ejecutivo exige que se tipifiquen los delitos de financiamiento indebido y falseamiento de información.

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