Salaverry gana pulseo: su suspensión sería vista en la próxima legislatura

Recién en agosto, durante la legislatura correspondiente al periodo 2019-2020, se decidiría el futuro del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien enfrenta una recomendación de suspensión por 120 días de parte de la Comisión de Ética, que debe ser debatida en el pleno antes de hacerse efectiva. Y es que los intentos de legisladores de diferentes bancadas de presentar una moción, para que el citado informe se discuta hoy, no prosperaría. 

De acuerdo al Reglamento del Congreso, esta moción primero tendría que ser admitida por el pleno y luego pasar por el Consejo Directivo que dirige el propio Salaverry. Incluso, el trujillano debe ser convocado al pleno con tres días de anticipación para ejercer su defensa.Es más, el artículo 68 de la normativa parlamentaria, en lo relacionado a la moción de orden de día, establece que se presentan ante Oficialía Mayor y que proceden en casos específicos.

Por ejemplo, para la creación de comisiones investigadoras, pedidos de interpelación, censura, vacancia presidencial o para que el pleno se pronuncie sobre un asunto de importancia nacional. De esta manera, esa propuesta no prosperaría en esta legislatura. Y es que el tiempo no alcanzaría, debido a que la legislatura concluiría hoy y solo se aprobaría su ampliación para los debates y aprobación de los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo, según precisan nuestras fuentes. Otra alternativa que barajaba la oposición es la presentación de una moción de censura contra el titular del Parlamento. 

Correo accedió al borrador de dicho documento, en el que se alega los motivos para sacarlo del cargo.Uno de ellos es la no convocatoria a los miembros de la Mesa Directiva, desde hace más de un mes. “Optando (Salaverry) por un manejo autoritario y personalista que no es coherente con la democracia”, se indica. Señala que el trujillano ha ocasionado un grave perjuicio a la autonomía jurídica y constitucional del Congreso, debido a que presentó una medida cautelar y acción de amparo ante el Poder Judicial por el informe que recomienda suspenderlo.“Resulta inadmisible que el presidente del Congreso pretenda ahora conducir la sesión plenaria con una agenda adoptada sin acuerdo de los órganos parlamentarios”, se detalla en la misiva. Hasta el cierre de esta edición, el documento aún no se oficializaba y venía siendo evaluado por un grupo de legisladores.

Más alternativas

Este indicó que un grupo de legisladores vienen planteado proponer una cuestión previa para que el informe de Salaverry se discuta hoy. “Los congresistas están en la potestad de hacer su cuestiones previas o de orden, ya que el máximo organismo del Congreso es el pleno”, acotó en diálogo con la prensa. 

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Janet Sánchez, aseveró que la cuestión previa para que mañana se debata el caso Salaverry es muy difícil, ya que el reglamento lo impediría. “Somos respetuosos de los procesos. Para que el caso de un congresista se vea en la sesión del pleno, después de la recomendación de la Comisión de Ética, se le tiene que notificar con tres días de anticipación”, declaró a Correo la oficialista. Aseveró que la citada notificación la hace el mismo presidente del Congreso. “Se tiene que autonotificar”, detalló.

Crítica

“No hemos sido muy informados sobre las razones de su ausencia (...) Soy vocero de un partido, han hecho el cambio de pleno, hay suspicacias de un grupo de parlamentarios que dicen que lo haría por un beneficio personal, pero ante tanta suspicacia, por respeto al Congreso debe informar a los portavoces”, sostuvo. 

En ese sentido, Vásquez dijo que espera las explicaciones del caso de parte de Salaverry.En otro momento, el apepista opinó sobre la denuncia de un ciudadano contra la jueza que tiene a su cargo las acciones judiciales del titular del Congreso. “Vamos a tener que salir en defensa de nuestro fuero, no podemos permitir que procedimientos normales del Congreso se vean detenidos por medidas de otro Poder del Estado, como el Poder Judicial”, finalizó.Una última opción que tiene la oposición es que la Junta de Portavoces convoque a un pleno, pero necesitaría la firma de 78 legisladores. Esta cifra no la tendrían.