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El cinismo no ayuda a entender la naturaleza y la enorme utilidad de los servicios secretos o servicios de inteligencia para la buena marcha del Estado. Su misión central: buscar y descubrir datos relevantes (insumos) para luego procesarlos (análisis) y entregar a los líderes gubernamentales información de calidad sobre las amenazas internas y externas, algo invaluable para la toma de decisiones. Es una tarea imprescindible, como la de otros organismos públicos de primer nivel.

No hay discusión en la academia sobre la naturaleza básicamente clandestina de su misión, si el objetivo es la eficacia.

Cabe precisar que la tarea fundamental de los servicios secretos es la producción de inteligencia estratégica, aquella que escapa de la coyuntura y la inmediatez y apunta a los asuntos de mediano y largo plazo. En segundo lugar (al servicio de la primera) está la inteligencia operativa, o información para la ejecución de acciones del día a día.

INSTRUMENTO POLÍTICO. No obstante, esta magnífica herramienta del Estado con frecuencia es transformada en instrumento político por los gobernantes de turno, de acuerdo con especialistas consultados por este diario.

Las acciones realizadas por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) que fueron reveladas esta semana por la revista Correo Semanal configuran, según diversos expertos, un uso político de este organismo. El servicio secreto en el Perú ha tenido una trayectoria pendular en los últimos cuarenta años desde el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado hasta hoy.

Ha transcurrido en un vaivén según la prioridad de los gobiernos, es decir, entre la inteligencia estratégica y la operativa, precisa Luis Giácoma Macchiavello, abogado experto en seguridad y defensa del Instituto de Estudios Estratégicos (IESE).

En su opinión, en el presente gobierno predomina el concepto de inteligencia operativa policial-militar en la Dini, en desmedro de la estratégica. De acuerdo con el experto, este concepto de inteligencia fue impuesto, aunque con mucho más énfasis, durante el reinado del SIN de Vladimiro Montesinos (1992-2000) en el régimen fujimorista.

El servicio de inteligencia tuvo el mismo carácter durante la dictadura militar de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, a decir del citado especialista. Este atribuye la actual orientación de la Dini a la formación militar del presidente Ollanta Humala. No es un secreto que el jefe de Estado ha colocado a integrantes de su promoción en la Escuela Militar y a policías de su confianza personal en los puestos claves de la Dini.

la inmediatez y la ausencia del respeto estricto de los derechos humanos caracterizan a la inteligencia operativa, a juicio del entrevistado. “La Dini debe ser una agencia de inteligencia estratégica que priorice el análisis de temas globales, regionales y locales en asuntos de economía, sociología, política, justicia, crimen organizado, inseguridad ciudadana, entre otros, y dejar las operaciones a los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero con controles judiciales, fiscales y políticos”, propone el director del IESE.

Añade que el rol del Ministerio Público y el Poder Judicial es clave, pues tienen la facultad de autorizar las búsquedas de información debidamente justificadas (narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, delincuencia organizada, el frente externo, entre otros).

“Desde el año 2011 se experimenta una perversión en la Dini -asegura el consultor en temas de seguridad y defensa-, transformándose en una policía política similar al SIN de los años 90”.

Aclara que el convenio de la Dini con la Sunarp es lícito. Bien usado puede ser de utilidad para la seguridad nacional. “El problema es que no ha sido usado para perseguir a delincuentes sino a cientos de miles de ciudadanos, y eso es un uso pervertido de las facultades de la Dini, y es atentar contra los derechos humanos”, refiere.

Además, existe el riesgo de que la información patrimonial obtenida pueda caer en manos de organizaciones criminales que suelen pagar por ello.

¿UNA DINI PARALELA? Por lo demás, en fuentes extraoficiales se habla de la inexistencia de controles judiciales para las operaciones. “Todo indica -dijo a este diario una fuente cercana a la Dini- que se habría creado una Dini paralela que ejecuta acciones sin control ni conocimiento del jefe oficial de ese organismo”.

“Esta Dini paralela -asegura dicha fuente- funciona con el apoyo político de Palacio de Gobierno. Esta estructura fue desarrollada por Víctor Gómez Rodríguez, anterior jefe de este organismo y compañero de promoción del Presidente de la República”.

ESTRUCTURAL. La Dini es una entidad estructuralmente enferma desde su nacimiento, en opinión de Manuel Álvaro Dávila Penas, abogado especialista en inteligencia competitiva y análisis de riesgo.

Coincide con Luis Giácoma Macchiavello en que la búsqueda de información patrimonial de cientos de miles de ciudadanos en la base de datos de la Sunarp no es ilegal de por sí, pues se trata de información recopilada por una entidad pública. “Pero el problema es mucho mayor -asegura-. En una institución enferma de nacimiento, este tipo de acciones son parte de un conjunto de operaciones que manifiestamente están fuera de sus atribuciones”. A su juicio, esto se viene repitiendo, y eso sería síntoma de una enfermedad estructural del sistema.

De otro lado, el especialista opina que la alternativa gubernamental para solucionar la crisis de la Dini (la designación de una comisión de personalidades), no es la apropiada. “Una comisión de notables no es el escenario apropiado, pues el que dirige este grupo es prácticamente juez y parte, y vamos a caer en más de lo mismo. Es una cuestión de decisión política”, explica.

CALIDAD DEL PERSONAL. Dávila Penas admite que no es popular reconocer que el SIN de Montesinos contaba con personal de mejor calidad que el actual servicio de inteligencia, “independientemente de lo que hicieron”. Asegura que no todo el personal en la época de Montesinos realizaba tareas ilegales, “pero cuando el edificio se cae, todos se caen”. “Arrastramos muchas taras todavía”, señala al explicar lo puesto en evidencia por la revista Correo Semanal y el diario Correo, es decir, el mal uso de los servicios de inteligencia.

“Insisto en el cambio estructural y no solo en una remodelación del anterior. El actual sistema sigue abriéndole las puertas al mal uso”, precisa. En su opinión, el Congreso de la República debería tener la facultad de designar al jefe de la Dini, tal como hace con el presidente del BCR, los miembros del Tribunal Constitucional y el titular de la Defensoría del Pueblo, y con mandatos más prolongados que un periodo presidencial. “Así evitamos la dependencia del poder político”, añade. “Y un punto que considero importante: que por fin se dedique solo a inteligencia estratégica”, finaliza.

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