Tras ser inhabilitada por 10 años para ejercer función pública, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela se pronunció en conferencia de prensa y calificó el proceso en su contra como un “atropello” que evidencia la supuesta intervención del Congreso en el Ministerio Público.

Espinoza criticó además el “silencio” de otras instituciones del Estado frente a lo ocurrido, asegurando que ello demuestra una falta de garantías para la autonomía fiscal.

“Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado”

Para la exfiscal suprema, la decisión del Pleno configura un acto de control político indebido sobre la Fiscalía. Afirmó que se le sanciona por hechos que, según sostiene, no cometió, y que esta medida busca infundir temor dentro de la institución.

“Si se me está llevando ante el Pleno por un hecho que materialmente no he cometido, eso significa un mensaje directo para que los fiscales se sometan, para que tengan miedo”, señaló.

Espinoza también cuestionó que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, no se pronunciara pese a su pedido formal, sugiriendo que dicho silencio podría revelar presiones del Legislativo.

Posible represalia por caso Benavides

La exfiscal dejó entrever que su inhabilitación estaría vinculada al hecho de no haber acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en junio pasado.

Añadió que podrían venir otras acciones para apartarla definitivamente del sector público, incluso desconociendo la resolución judicial que ordena suspender los procedimientos administrativos en su contra.

Los motivos de la inhabilitación aprobada por el Pleno

El Congreso aprobó el informe que recomienda suspenderla de la función pública por 10 años por presunta infracción a los numerales 1 y 4 del artículo 159, así como a los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.

La acusación señala que Espinoza habría incurrido en la elaboración de un reglamento que infringía la Ley 32130, y que con la emisión de la Resolución 2246-2024 habría vulnerado el Código Procesal Penal, al interferir en funciones de la Policía Nacional del Perú.

Ella niega dicha participación y afirma que:

• No elaboró ni aprobó el reglamento cuestionado.
• La Junta de Fiscales Supremos no emitió esa norma.
• La Secretaría de la JFS envió un informe a la Subcomisión deslindándola de dichos actos.

El Parlamento sostiene que la conducta atribuida configuraría delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y posible instigación a la usurpación de funciones policiales.

Espinoza evalúa acudir a instancias internacionales

La defensa de la exfiscal no descarta presentar una demanda ante órganos internacionales para revertir la inhabilitación aprobada por el Congreso.