Si un saldo lamentable dejó la liberación de la residencia del embajador de Japón, el 22 de abril de 1997, fue la muerte del vocal supremo titular Carlos Giusti Acuña. Doce años después del "Operativo Chavín de Huántar", sus deudos siguen esperando justicia.
Y es que si bien el gobierno de Alberto Fujimori dispuso otorgar una indemnización a los deudos del juez, esto aún no se cumple.
La indiferencia de los gobiernos y la ineptitud del Poder Judicial han contribuido a que el pedido de su viuda, Iris Pareja Ocharán, y de sus hijos, caiga en saco roto.
Ellos han solicitado que se cumpla con el pago de una compensación pecuniaria, cuyo monto lo fijaría el Ministerio de Economía, pero el caso se encuentra desde hace tres años en el despacho del titular del 34 Juzgado Civil de Lima, José Gonzales López, quien no ha resuelto la demanda de acción de cumplimiento constitucional presentada por los deudos de Giusti.
Ante dicha demora, la Oficina de Control de la Magistratura (Ocoma) ha dispuesto imponerle una medida disciplinaria de suspensión por 30 días sin goce de haber.
Al respecto, Aníbal Quiroga, abogado ad honórem de la familia, calificó de paradójico que Giusti, considerado una figura importante del Poder Judicial, sufra el maltrato de este organismo.
PILAR SÁNCHEZ
