Andrea Pereyra

En su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte resaltó las acciones de su gestión para impulsar la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, distinguiéndola de la minería ilegal.

La mandataria enfatizó que el gobierno respalda a más de 2,500 unidades de producción minera artesanal que operan conforme a la ley.

Según lo expuesto, estas unidades se organizan para crear un fondo minero privado que facilitaría su acceso a financiamiento, asistencia técnica y servicios especializados, con el objetivo de mejorar su competitividad.

Las proyecciones oficiales estiman que, al cierre de 2025, este sector generará más de 300 mil empleos directos y ventas anuales superiores a los 5 mil millones de dólares.

En su discurso, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con una minería formal, responsable y sostenible, señalando que la minería ilegal no tiene cabida en el desarrollo del país debido a sus impactos negativos en el ambiente, la salud y la seguridad.

La estrategia gubernamental busca, además de erradicar la ilegalidad, fortalecer las capacidades de los pequeños mineros para integrarlos en cadenas de valor formales y contribuir al desarrollo económico local y nacional.

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