Dos acusaciones constitucionales contra Boluarte

Congresistas de la bancadas de Avanza País y Renovación Popular presentaron ayer, por separado, sendas acusaciones constitucionales contra la ministra y primera vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.

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Ambas demandas son por presunta infracción contra el artículo 126, y otros, de la Constitución Política.

Los trámites fueron presentados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

La primera demanda constitucional fue presentada por la congresista Norma Yarrow (Avanza País) hacia el final de la tarde. Luego lo hizo el legislador Javier Padilla Romero, de Renovación Popular.

Poco antes, el legislador Jorge Montoya, en su condición de portavoz de la bancada de Renovación Popular había anunciado la promoción de una moción de interpelación contra Boluarte, la cual sería concretada en las próximas horas. Con posterioridad, dijo Montoya, la bancada gestionaría una acusación constitucional.

Estas son las primeras reacciones parlamentarias al Informe Específico que la Contraloría General de la República puso a disposición de la presidencia del Parlamento el fin de semana.

En lo sustancial, el minucioso documento de 60 páginas, destaca que Dina Boluarte Zegarra contravino lo que establece el artículo 126 de la Constitución al intervenir en la gestión y dirección de la asociación civil Club Departamental Apurímac, en calidad de presidenta, y en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, como vicepresidenta, funciones prohibidas en la Carta Magna a un ministro (a) de Estado.

INCOMPATIBLE

Según el documento presentado por Yarrow, Boluarte infringió los artículos 2, numeral 2; 38 y 126 de la Constitución. Habría incurrido también en los presuntos delitos contemplados en los artículos 376 (abuso de autoridad), y 399 (negociación incompatible) del Código Penal.

“Toda Ley que establece requisitos para un funcionario publico debe ser cumplida por todos, sin excepción alguna”, dice el documento.

En términos similares fue presentada la acusación constitucional promovida por el congresista Javier Padilla Romero (Renovación Popular).

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MONTOYA

Algo más cauteloso, Jorge Montoya optó de inmediato por una interpelación. A su juicio, una acusación constitucional requiere de más tiempo. “Se está procesando la denuncia constitucional (...) Tenemos que ser cuidadosos en hacer los documentos como corresponde y no dejarnos llevar por la emoción”, comentó, tras reconocer que el informe de la Contraloría “es válido”.

Por su parte, Dina Boluarte emitió un nuevo texto con descargos. Aseguró que “cualquier documento suscrito con posterioridad a mi

solicitud de licencia se circunscribe estrictamente a la subsanación registral necesaria para garantiza la sucesión de mi reemplazo, y no obedece en absoluto a funciones de dirección ni gestión”.