Javier Wilfredo León, el cuestionado nuevo procurador general del Estado, enfrentó un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados de Lima (CAL) que terminó suspendiéndolo cuatro años por sus vínculos con el condenado narcotraficante Fernando “Lunarejo” Zevallos.

Su caso estaba en manos del Tribunal de Honor del CAL y este lo halló responsable de infringir serias normas éticas.

A León se le apartó del gremio desde el 23 de septiembre de 2017 hasta el 22 de septiembre de 2021, es decir hace poco más de un año. Durante ese período, León estaba prohibido de ejercer su profesión en cualquier lugar.

“Se le impone la medida disciplinaria de separación por cuatro años como miembro de este Colegio de Abogados y por consiguiente la suspensión en el ejercicio de la abogacía”, reza el documento revelado ayer por Panorama.

Pese a todo esto, el ministro Félix Chero (Justicia), el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres lo designaron como representante jurídico encargado de la defensa de los intereses del Estado.

Investigación. Cabe recordar que según un informe de El Comercio, en 2013 León fue pieza clave para las acciones ilícitas de “Lunarejo”, quien buscaba mantener el control de su lujosa vivienda en Las Casuarinas (Surco) desde el penal de Piedras Gordas.

Para entonces, León había sido acusado de ser el presunto autor de un fraude que permitió al condenado narcotraficante frustrar el desalojo de su familia afincada en dicha residencia.

León habría falsificado firmas y hasta documentos para evitar que “Lunarejo” perdiera la propiedad.

No obstante, luego perdió el inmueble -valorizado en un millón de dólares- en un juicio.

Cerca de esas fechas, León trabajó con el excongresista Carlos Tubino (Fuerza Popular), pero fue separado del despacho del congreso tras difundirse la denuncia periodística referida al tema.