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Un proyecto de ley recientemente aprobado por el Ejecutivo impone duras penas a quienes atenten contra las fuerzas del orden.
El asesinato de policías será penado como mínimo con 20 años de cárcel hasta 35 años. Para ello se reforman los artículos 121 y 108, respectivamente, del Código Penal.
El dictamen incorpora una nueva modalidad agravada por Lesiones Graves con penas de 6 a 10 años, que se agrava sustancialmente por lesiones seguidas de muerte con penas de 12 a 15 años de reclusión.
Asimismo, para quienes cometan actos de violencia contra la autoridad policial se incrementarán las penas desde 8 a 15 años, según la reforma del artículo 367 del Código Penal propuesto.
Para que las penas a quienes se resistan a la autoridad de forma violenta sean más efectivas, el proyecto de ley contempla la eliminación de beneficios penitenciarios a quienes resulten culpables de violar el artículo 367.
Así se evita que el condenado sea liberado con apenas haber cumplido un tercio de la pena por beneficios penitenciarios. Para ello, se presentará al Congreso la modificación de los artículos 47, 48 y 53 del Código de Ejecución Penal, que regulan diferentes beneficios penitenciarios acumulables.
En este último caso, al ser los beneficios penitenciarios aplicables en el futuro, las modificaciones en el Código de Ejecución Penal sí alcanzarán a los que resulten culpables del repudiable ataque a las fuerzas del orden ocurrido en la Parada.
