Luego del escándalo de los “Morenoaudios”, la permanencia en sus cargos de algunos asesores de Palacio de Gobierno ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos días.
Desde el mismo oficialismo han pedido la cabeza de la secretaria general de la Presidencia de la República, María Iwasaki, por aparentemente ser la responsable de los documentos que firma Pedro Pablo Kuczynski, entre ellos la resolución suprema en la que “agradece” al exasesor Carlos Moreno por los servicios prestados.
A esto, se suma el incidente que sufrió otro asesor presidencial, Jorge Villacorta, con dirigentes nativos de una comunidad en Loreto. Debido a que es el encargado de atender y prevenir conflictos sociales, al exjefe de campaña de PPK se le cuestiona ahora su expertise en el tema.
RENUNCIA. El presidente de Peruanos Por el Kambio (PPK) y congresista, Salvador Heresi, fue el primero en exigir la renuncia de un funcionario de Palacio. A su criterio, entre una de las “medidas correctivas” que debe tomar el Gobierno está pedir la renuncia de la secretaria de la Presidencia de la República, María Iwasaki, por inducir al Mandatario a cometer algunos desaciertos.
“Ella le lleva los documentos al Presidente para su firma porque es un cargo de confianza, ella no puede hacerle firmar resoluciones de la naturaleza como la que estamos viendo”, dijo en RPP.
Heresi se refiere a dos hechos concretos: el primero a la resolución suprema publicada el pasado 3 de agosto, en la que se designa como asesores a Carlos Moreno, Felipe Ortiz de Zeballos y Máximo San Román. Sin embargo, solo en el caso de Moreno no se especifica que es un cargo “ad honorem” y, además, se precisa que recibirá apoyo técnico y logístico “para el mejor cumplimiento de sus funciones”.
El segundo hecho al que Heresi hace referencia es la resolución en la que el Ejecutivo acepta la renuncia de Moreno y le agradece por los servicios prestados.
“El Presidente no lee lo que firma y su funcionaria le habría sorprendido. La secretaria general, no sé por orden de quién, que haya redactado una resolución suprema de este tipo”, opinó más tarde en Radio Exitosa.
Indagación. Consultado por Correo, el vocero de la bancada oficialista Juan Sheput dijo que es importante realizar las respectivas indagaciones para ver quiénes estuvieron involucrados en la redacción de dichas resoluciones.
“Estoy de acuerdo con que haya renuncias después de la investigación (...) Es importante indagar sobre aquellas personas que podrían haber estado involucradas en la redacción de las resoluciones. El Presidente por supuesto que lee las resoluciones, pero el Mandatario confía. Para eso tiene un grupo jurídico que los asesora ”, sostuvo.
Para otro portavoz del partido de gobierno, Carlos Bruce, la opinión de Salvador Heresi es a título personal y la última palabra respecto a la permanencia de Iwasaki está en manos del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
“Eso tendrá que evaluar el Premier, no conozco los detalles”, indicó a Correo.
EL EXPULSADO. La situación del asesor presidencial en temas de conflictos sociales, Jorge Villacorta, no es más alentadora. Legisladores de distintas tiendas políticas exigieron su renuncia inmediata luego de que, el último miércoles, fuera expulsado de una mesa de diálogo que sostenía con los representantes indígenas de las comunidad de Saramurillo, en el distrito de Urarina de Loreto.
En la cita también participaron el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, Rolando Luque, y el viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna. Allí, se buscaba concretar un mecanismo para que los dirigentes de los nativos se trasladen a Lima para conversar con los ministros de Estado a fin de levantar la huelga indefinida que iniciaron hace 44 días en protesta por los derrames de petróleo que se registraron en la zona.
Sin embargo, lejos de facilitar las conversaciones, Villacorta contradijo al líder nativo Daniel Saboya, quien se opuso al desbloqueo del río Marañón, lo que generó un cruce de palabras.
Por ello, los ciudadanos de Loreto pidieron la salida del consejero presidencial a cambio de continuar con la reunión.
PREPOTENCIA. Al respecto, en una entrevista a una radio local, el dirigente indígena de las Comunidades Nativas de Alto Tigre, José Fachín, tildó de “prepotente” a Villacorta, de quien dijo “no tuvo profesionalismo” para manejar la situación.
“Es la tercera vez que estamos conversando con ese señor y es una persona muy prepotente, con poco profesionalismo a pesar de que es la cara del Gobierno. Es eso lo que nos ha preocupado”, afirmó Fachín.
En este sentido, el representante de Alianza Para el Progreso, César Villanueva, consideró que el cuestionado asesor del Mandatario cometió una “torpeza en un diálogo bastante sensible” porque se necesitaba que el Ejecutivo asuma el papel de “escuchar”.
“Yo creo que con esta participación él debería ponerse al costado en estos temas y ver otro tipo de actividad. (...) conozco a los nativos, tenía que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad”, dijo.
A su turno, la representante del Frente Amplio, Indira Huilca, coincidió con el expremier y acotó que los funcionarios públicos no deberían generar “disturbios”.
Además, incidió en que no se deberían duplicar funciones, pues Villacorta asume similar rol al del presidente de la ONDS.
“Lo que no debería darse es duplicidad de tareas, no estamos para repetir ni duplicar esfuerzos para que haya una actuación eficiente del Estado”, sostuvo.
Entre tanto, el fujimorista Rolando Reátegui fue más punzante y recordó que Jorge Villacorta fue denunciado por la Comisión de Fiscalización del Congreso durante el gobierno de Alejandro Toledo por presuntamente haber favorecido “a empresas ligadas a la suya para poder obtener negocios impropios”.
En este sentido, consideró que “es la oportunidad del Premier para que limpie de una vez (la PCM)”. “Cómo pueden enviar a una persona que no está capacitada, que ni siquiera conoce el perfil de una comunidad nativa. Me parece un chiste por parte de este Gobierno”, criticó.