El Gasoducto Sur Peruano y OAS hunden a Nadine Heredia

Actualizado el 10/07/2019, 09:00 a. m.

“Pareja presidencial” era el apelativo con el que, durante el gobierno anterior, se aludía al entonces mandatario Ollanta Humala Tasso y a su esposa, Nadine Heredia Alarcón. Aunque entonces sus allegados sostenían que tal apodo era solo una arremetida de la oposición, pues también aseguraban que ella no tenía ninguna labor ejecutiva, para el Ministerio Público este sería más que un simple sobrenombre.

En efecto, durante el allanamiento a 26 inmuebles de personas implicadas en el caso Gasoducto Sur Peruano (GSP), la fiscal Geovanna Mori, a cargo de dicha investigación, reveló que hay declaraciones de colaboradores que implican a la ex primera dama.

“En el caso de Nadine Heredia, tenemos declaraciones de testigos protegidos, colaboradores, que la vinculan en conversaciones con los altos funcionarios de Odebrecht (empresa que formó parte del consorcio que obtuvo la adjudicación del citado proyecto)”, declaró.

Desde los exteriores de la residencia de los Humala-Heredia, en la calle Fernando Castrat de Surco, la integrante del Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público (MP) precisó que las diligencias de ayer -en las que participaron 33 fiscales y 110 agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac)- se buscaba documentos para probar las responsabilidades.

HIPÓTESIS

De acuerdo con la respectiva orden judicial, a Heredia Alarcón “Se le atribuye, en su calidad de ex primera dama de la Nación, desde los años 2011 al 2016, el haber materializado actos ejecutivos y de gestión durante el periodo presidencial de su cónyuge, el expresidente de la República Ollanta Humala Tasso, circunstancias en la que habría acordado y mantenido reuniones con diferentes funcionarios y servidores públicos que se encontrasen vinculados con el proyecto ‘Mejoras de la Seguridad Energéticas y de Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano’”.

El documento agrega que la esposa de Humala Tasso también se reunió con representantes de Odebrecht, “mostrando así interés por este grupo en el concurso público y en la designación de Eleodoro Octavio Mayorga Alba como ministro de Energía y Minas desde el 24 de febrero del 2014, periodo temporal en el cual venía justamente realizándose el proceso de promoción privada”.

La propia Geovanna Mori reveló parte de estos detalles, al afirmar que a Nadine Heredia se le investiga porque “habría favorecido a la empresa Odebrecht en su cargo como primera dama”, por lo que habría incurrido en el delito de colusión agravada.

Como se recuerda, durante el segundo gobierno del desaparecido Alan García Pérez se entregó la buena pro de la implementación del gasoducto al consorcio Kuntur, por un monto de aproximadamente 1400 millones de dólares. Sin embargo, en la administración nacionalista este contrato se resolvió y la adjudicación se otorgó al consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) integrado por Odebrecht y la española Enagás. El presupuesto de la obra se disparó hasta los 7328 millones de dólares.

ROSARIO DE IMPLICADOS

En la resolución del titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Juan Carlos Sánchez Balbuena, figura la relación de los 21 investigados involucrados en esta investigación.

Entre ellos destacan los exministros de Energía y Minas Rosa María Ortiz (durante el gobierno de Humala), Juan Valdivia Romero (en la gestión de Alan García) y los exviceministros de Energía Luis Enrique Ortigas Cúneo y Dicky Edwin Quintanilla Acosta (ambos del gobierno nacionalista).

Del mismo modo, figuran exfuncionarios del aludido portafolio: Percy Olivas Lazo, Erick Portugués Echegaray, Rosa María Soledad Ortiz Ríos, Omar Dueñas Cárdenas, Luis Vicente Zavaleta Vargas, Omar Dueñas Cárdenas y Fernando Pomatailla Gálvez.

También se incluye a exintegrantes del Comité de Seguridad Energética de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, Edgard Bartolo Valdivia Romero y María del Rosario Patiño Marca de Álvarez.

La relación la cierran integrantes de conocidos bufete de abogados de Lima: Ana Sofía Reyna Palacios, Manlio Bassino Pinasco, Uldarico Ossio Seminario, Jorge Elías Danós Ordóñez, Omar Dueñas Cárdenas, Luis Reynaldo Napoleón Pescheira Rubinoi y Elda Patricia Díaz Gazzollo.

Sobre el tema, los estudios Echecopar y Muñiz, al cierre de esta edición, difundieron comunicados en los que aclaraban que tales firmas eran terceros afectados y que colaborarán con la investigación del Ministerio Público.

La fiscal Mori confirmó esta información y aclaró que estos bufete no son materia de investigación, pero que miembros de estas firmas “han emitido informes (...) favoreciendo a la empresa Odebrecht”.

“La búsqueda es sobre documentación que guardaría relación en el favorecimiento para descalificar al consorcio opositor en la convocatoria del caso gasoducto”, remarcó la fiscal durante el desarrollo de la diligencia.

HAY RECONOCIMIENTO

A su turno, desde el Ministerio Público se reveló que la constructora brasileña ya admitió pagos ilícitos en la adjudicación del gasoducto. Incluso, al respecto, el portal de investigación Convoca refirió que el acta en el que la empresa en cuestión reconoce tales actos de corrupción -y en consecuencia, también culpabilidad- se firmó la semana pasada en Lima.

En consecuencia, este proyecto sería incluido también en el acuerdo de colaboración eficaz que la compañía suscribió con el Estado peruano, y en el que solo había reconocido irregularidades en la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica Sur, la Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento de Cusco.

MINIMIZAN DILIGENCIAS

Por su parte, los abogados de la ex “pareja presidencial”, Alberto Otárola y Wilfredo Pedraza aseguraron que los allanamientos de ayer fueron arbitrarios. Añadieron que no se halló documentación relevante y solo se incautó un celular de la ex primera dama, aparato que se cedió -resaltaron- de manera voluntaria.

En el lugar se informó que en la residencia de los Humala-Heredia la Fiscalía también procedió a abrir una bóveda existente en el interior, en la que tampoco se encontró nada.

MALAS NUEVAS

Como si todo esto fuera poco, desde Brasil trascendió que el exdirectivo de la constructora OAS, Léo Pinheiro, reveló a los fiscales Rafael Vela y Carlos Puma -del Equipo Especial “Lava Jato”, que designó a Leonardo Fracassi como entre su empresa y la ex primera dama

De esta manera se confirmaría la versión de un colaborador eficaz, quien había afirmado que Heredia le pidió a Fracassi, también exejecutivo de OAS, 220 mil dólares para financiar un sondeo de opinión.

Sobre el tema, Pinheiro habría referido ayer que la constructora pagó 120 mil dólares para dicha encuesta.

Asimismo, este último confesó que sí hubo pagos ilegales para la adjudicación del Centro de Convenciones implementado en el distrito de San Borja -como ya se sospechaba- aunque al cierre de esta edición no se detallaron montos.