El PJ libera a otros tres dirigentes del Movadef

Una nueva decisión judicial golpea la sensibilidad social que existe en el Perú ante el tema del terrorismo.

Y es que al Colegiado "F" de la Sala Penal Nacional no solo le bastó liberar a un grupo de integrantes del Movadef que se encontraba en prisión -entre ellos al abogado Alfredo Crespo Bragayrac- el último 5 de agosto.

Pese a las críticas que generó esa decisión, esta semana, en una resolución notificada el último 2 de setiembre, estableció que Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán, y otros dos integrantes del Movadef pueden transitar libremente por las calles al revocarles el arresto domiciliario que tenían por una orden de comparecencia.

Esta decisión, tomada por los magistrados Víctor Valladolid, Olga Inga y Ana Vásquez, vuelve a poner en el candelero el complejo análisis sobre lo que representa el Movadef.

NO HAY TERRORISMO. Según la resolución, no existen elementos de convicción suficientes para determinar que tanto Fajardo como Oswaldo Esquivel Caycho, secretario de Prensa del Movadef, y Marcelino Castro Gamboa, también integrante de esa agrupación, hayan cometido delitos de terrorismo agravado, como lo imputa el Ministerio Público.

Al igual que en su resolución anterior, los magistrados de este colegiado sostienen que "no se establecen los actos de terrorismo concretos".

De esta forma, los magistrados volvieron a refrendar una resolución repudiada por la sociedad, los políticos y el propio presidente Ollanta Humala.

Incluso, por la anterior resolución que liberó a seis miembros del Movadef, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, ordenó una exhaustiva investigación, mientras que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso el cese del Colegiado "F".

Sin embargo, antes de ser derivados a sus respectivos juzgados de origen, Valladolid, Inga y Vásquez ratificaron que el arresto domiciliario en contra de los tres miembros del Movadef sea levantado.

En el documento que fundamenta la medida, oficiaron a Seguridad del Estado para que el personal policial que custodiaba a los tres procesados sea retirado.

Así, dispuso que estos solo afronten el proceso judicial que se les sigue en el Tercer Juzgado Penal Nacional con impedimento de salida del país.

NIEGAN APELACIÓN. A esto se suma también que los mismos jueces (Valladolid, Inga y Vásquez) negaron a la Fiscalía y a la Procuraduría Antiterrorismo el derecho de revisar nuevamente la decisión de liberar a seis miembros del Movadef.

Por ello, en otra resolución, el colegiado declaró improcedente el recurso de apelación que presentó el titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal, Luis Landa, y el procurador antiterrorismo Julio Galindo.

presentan QUEJA. Ante ello, el fiscal Landa y Galindo presentaron esta semana sendos recursos de queja extraordinaria contra la decisión de los magistrados.

Según el escrito presentado por el fiscal Landa Burgos, el Colegiado "F" afectó el "principio de pluralidad de instancia tipificado en el artículo 139, inciso 6°, de la Constitución, concordado con el literal 'H' del artículo 8, inciso 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior".

Este recurso ha sido elevado el último viernes a la Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema, que deberá evaluar la procedencia o no de la queja.

DEFIENDE DECISIÓN. Correo se comunicó con el magistrado Víctor Valladolid, quien indicó que la ponente del caso fue Olga Inga. Sin embargo, reconoció que había apoyado dicha ponencia.

"La Fiscalía está denunciando por delitos de terrorismo agravado, entonces, la única pregunta que hay que responderse allí es si comprar planillones y recolectar firmas son actos de terrorismo. Es la única pregunta que hay que responderse como ciudadano", aseveró.

"Es una reiteración de lo que ha pasado anteriormente, porque no hay fundamento legal para mantener las órdenes de prisión ni para mantener los arrestos domiciliarios que se habían dispuesto anteriormente", acotó.

Sobre la negativa de la Sala a rechazar la apelación a la libertad de los miembros del Movadef, Valladolid se defendió indicando que hicieron valer, como lo dictamina la ley, la garantía de la instancia plural. "Ahí termina todo, ya no cabe otra instancia", sostuvo.

está DESACTIVADA. Cabe precisar que desde el 1 de setiembre el Colegiado "F" ya se encuentra desactivado para recibir más carga procesal (expedientes), y tanto Valladolid como Inga y Vásquez han sido retornados a sus juzgados de origen, como lo dispuso el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Sin embargo, todos los jueves y viernes estos magistrados deben ser trasladados a Lima para continuar con los juicios orales que ya habían iniciado y que aún no concluyen.

Sobre la desactivación de su colegiado, el juez Valladolid calificó de "sintomático que cuando había un plan establecido de trabajo (de su sala) hasta el 2015, a raíz de este hecho el tribunal ya no va a seguir".

Recordó que el tribunal tenía a su cargo juicios como el del narcotraficante Fernando Zevallos y el megaproceso de "Los Espárragos", pero ahora no saben cómo concluirán esos casos.

"Más ha pesado la presión política. No sabemos si la decisión que nosotros hemos tomado era el motivo real (para la desactivación de su colegiado) o se le está haciendo el juego a los lavadores de activos. No sabemos", señaló.