El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto el recurso de hábeas corpus presentado por el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, con el que busca dejar sin efecto la orden de prisión preventiva dictada en su contra en el “caso Los Dinámicos del Centro”.
La audiencia de este miércoles 11 de marzo se realizó de manera virtual.
El abogado del líder de Perú Libre, Humberto Abanto, sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron sus derechos fundamentales y solicita que se anulen las resoluciones que confirmaron la medida de prisión preventiva. De ser declarado fundado el recurso, la orden de captura vigente contra Cerrón podría quedar sin efecto.
Actualmente, Vladimir Cerrón se encuentra en la clandestinidad desde 2023 y es investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
El “caso Los Dinámicos del Centro" investiga una presunta red criminal que habría operado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, vinculada al presunto cobro de sobornos para la emisión irregular de licencias de conducir y al presunto financiamiento de actividades políticas.
Así, el fallo del TC determinará si la orden de prisión preventiva contra Cerrón se mantiene vigente o si debe emitirse una nueva resolución sobre su situación jurídica.
Celeridad
Cabe precisar que la audiencia de este miércoles fue programada aproximadamente 20 días después de presentada la solicitud, lo que ha generado debate por la rapidez con la que el recurso fue incluido en la agenda del máximo intérprete de la Constitución.
Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro cuestionó esta celeridad y señaló que podría generar dudas sobre el trato que reciben los distintos procesos en el TC.
En declaraciones a Canal N, Carlos Caro indicó que existen otros casos constitucionales pendientes -incluso de personas privadas de libertad- que llevan meses o años esperando una resolución.
El especialista sostuvo que el TC debería explicar públicamente las razones de la rápida programación del caso, con el fin de garantizar transparencia y establecer criterios claros para situaciones similares.
