Será llamado. La Comisión de Fiscalización del Congreso citará al ministro del Interior, Willy Huerta, para que responda sobre la existencia de un supuesto plan para atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el coronel PNP Harvey Colchado y otros personajes que investigan los presuntos actos de corrupción del Gobierno.

Esto luego de que se difundiera un documento elaborado por el Equipo Especial de la Policía, en el que se señala que estas acciones ilícitas estarían a cargo de una organización criminal, liderada por un sujeto denominado “El Español” y relacionada con el presidente Pedro Castillo.

En conferencia de prensa, el titular de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que su grupo de trabajo se reunirá la próxima semana para fijar la fecha en que Huerta deberá declarar sobre el tema.

“La próxima semana vamos a señalar la fecha para que el ministro del Interior venga a rendir su declaración ante la Comisión de Fiscalización”, indicó Ventura en conferencia de prensa.

El legislador advirtió que este hecho daría cuenta de la existencia de una organización criminal en el Gobierno que no solo se favorece de obras públicas, sino que “estaríamos pasando a acciones de gángster para callar a estos funcionarios que están cumpliendo un rol importante frente a la lucha contra la corrupción en la actual gestión”.

Ventura también responsabilizó al titular del Interior “por no tener políticas claras de seguridad ciudadana”, sino que recibe órdenes “para ocultar información y obstruir las investigaciones”.

Asimismo, sugirió que estas presuntas irregularidades sean discutidas en la Comisión de Inteligencia del Parlamento, que cuenta con las facultades para abordarlas.

ALERTA. La tesis de una presunta organización criminal que buscaría asesinar a los personajes ya señalados toma como base el testimonio libre de una informante denominada “Juana”, que dio esta versión a la Policía, el 10 de octubre.

“He pedido la entrevista porque tengo información respecto a la persona conocida como ‘El Español’, cuyo nombre sería Jorge y tiene como sus socios a personas del actual Gobierno, quienes tienen en mente asesinar a la fiscal de la Nación Patricia Benavides y a (Harvey) Colchado. Eso lo tienen como prioridad y de por medio tienen muchos intereses fuertes, por eso están dispuestos a pagar fuertes sumas de dinero a sicarios, de preferencia extranjeros, para que después los saquen del país”, contó la informante en su testimonio al que tuvo acceso Correo.

Ante el teniente de la Policía, Roberto Alba Rosas, “Juana” precisó que el “Español” o también llamado “Jorge Fernández” -de probable nacionalidad cubana, dominicana o ecuatoriana- junto a “socios de este Gobierno tienen empresas e intereses económicos muy fuertes en la región Callao y Lima Norte, sus ganancias han invertido e invierten para apoyar al actual Gobierno”.

Dicha persona estaría utilizando su trabajo como seguridad de una empresa de agropexportación para encubrir sus actividades ilícitas como la exportación de “drogas cocaínicas al extranjero”, de acuerdo al relato de la testigo.

RESPALDADO. “Juana” indicó que “el Español” contaría para su accionar criminal con la presunta ayuda de miembros de Policía como el general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, actual jefe regional de la provincia chalaca, así como un comandante PNP a quien identifica como el jefe de Tránsito y Lunas Oscurecidas de apellido Verástegui.

Este último sería Englebert Verástegui, quien fue denunciado por el exministro Mariano González de intentarlo presionar para que contacte al exmarino Carlos Barba, investigado por el caso Business Track. Verástegui fue visto luego trabajando en Palacio junto al mandatario, según reveló El Comercio.

Respecto a Jorge Luis Castillo Vargas, el Equipo Especial de la PNP verificó en la resolución suprema No. , del 11 de junio de 2022, que dispuso su reasignación al cargo de la región policial de Cajamarca al Callao.

Castillo fue uno de los cinco coroneles PNP ascendidos a generales desde el 1 de enero del 2022, luego de visitar al presidente Pedro Castillo y al entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco en Palacio.

Asimismo, un informe de Inteligencia de la PNP señala que el plan criminal para asesinar a la fiscal de la Nación Patricia Benavides estaría reclutando “licenciados y reservistas de las Fuerzas Armadas, activos militantes autodenominados etnocaceristas”.

El plan criminal también atentaría contra la vida del coronel PNP Walter Pajuelo, la fiscal superior Marita Barreto y el periodista Phillip Butters.

Por este caso, la fiscal provincial Kelly Janampa dispuso abrir diligencias preliminares por los delitos de conspiración y ofrecimiento del sicariato “contra los que resulten responsables”.

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