Estos son los argumentos del Ejecutivo en demanda de inconstitucionalidad contra la "Ley Mulder"

Queda en manos de los magistrados del Tribunal Constitucional resolver sobre la Ley que prohíbe la publicidad estatal
Estos son los argumentos del Ejecutivo en demanda de inconstitucionalidad contra la "Ley Mulder"

Estos son los argumentos del Ejecutivo en demanda de inconstitucionalidad contra la "Ley Mulder"

22 de Junio del 2018 - 10:06 » Textos: Sofía López (elopez@grupoepensa.pe) » Fotos: Adriana Quesada

El Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra la denominada “Ley Mordaza”. El documento fue llevado por el ministro de Justicia, Salvador Heresi, al promediar las tres de la tarde.

La demanda de 28 páginas, explica el proceso de cómo se aprobó el proyecto de Ley, así como una serie de argumentos que detallamos a continuación:

Razones de forma:

El documento señala que la Ley N° 30793 no siguió un proceso parlamentario para su aprobación y posterior promulgación. Es decir, no respetó las garantías mínimas que se exigen en un escenario parlamentario:

-La polémica Ley, no tuvo intervención, ni pronunciamiento de las comisiones de Constitución, ni la de Justicia y Derechos Humanos.

-La Junta de Portavoces acordó, que el proyecto sea exonerado de análisis y debate en comisiones ordinarias. No se conocieron las razones de la decisión.

-El proyecto fue debatido en la Comisión Permanente, y no en el Pleno del Congreso.

-Las observaciones que realizó el presidente Martín Vizcarra, no fueron analizadas en las comisiones ordinarias.

Razones de fondo:

-La demanda señala que el artículo 3 de la Ley N° 30793, vulnera el derecho de toda persona de recibir información. “La publicidad estatal constituye en la actualidad una vía por medio de la cual el Estado peruano brinda información a la ciudadanía respecto al desarrollo de sus múltiples actividades. En ese sentido, limitar dicha vía de difusión de información implica una restricción al ejercicio del referido derecho”, se puede leer en el documento presentado.

-La demana también sustenta que tanto el artículo 1 y 3 de la Ley, restringen la obligación que tiene el Estado, de garantizar que toda persona reciba información pública.

-Se vulnera la igualdad del derecho a recibir información sobre las actividades de organismos estatales.

-Se viola la libertad de expresión al constituir una decisión sobre el uso de fondos públicos como medio presión contra los medios de comunicación privados.

-Se vulnera la libertad de contratar con fines lícitos.

Queda en manos de los magistrados del Tribunal Constitucional, resolver la demanda sobre la Ley que prohíbe la publicidad estatal. 

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