FAP dará pensión y mitad de casa a esposa de espía Ariza

El caso del espía peruano Víctor Ariza Mendoza ha vuelto a la luz con otra situación lamentable, como si no fuera suficiente con lo que le hizo a su país al venderle a Chile información estratégica sobre las Fuerzas Armadas.

Así, pese al grave daño que causó a la nación y a su arma, será la Fuerza Aérea del Perú (FAP) la que termine pagando los miles de soles que el traidor a la patria adeuda a su esposa, María Sabina Flores Castro de Ariza, por un juicio de alimentos que le entabló en el 2009.

Es verdad aunque usted no lo crea. Y es que hace unos días, el Quinto Juzgado de Paz Letrado (con ámbito en Surco y San Borja), a cargo de la jueza Zoila Nelly Puicán Villacrez, ordenó notificar a la FAP una resolución del 7 de junio pasado.

En ese documento, la jueza ordena que se ejecute la sentencia que ordena que se embargue el 60% de los beneficios sociales de Ariza y se cumpla además el fallo que expidió en el 2010, que exige abonar a la esposa de Ariza su "pensión alimenticia equivalente al 60% del total de los ingresos del demandado, incluyendo combustible, gratificaciones de julio y diciembre, escolaridad, vacaciones, rancho, viáticos, movilidad y cualquier otro ingreso extraordinario que pudiera percibir".

Junto a dicha sentencia, el juzgado ordenó también trabar el embargo del 50% del costo del inmueble que posee Ariza a su nombre en Surco.

Como se recuerda, Ariza Mendoza fue objeto de dos sentencias. La primera fue de 25 años, impuesta por el fuero militar por la venta de documentos clasificados de las Fuerzas Armadas a Chile, que incluyó el pago de S/.700 mil de reparación civil.

En la segunda condena, el fuero civil le impuso 15 años de prisión y una reparación de S/.500 mil por el delito de lavado de activos provenientes del espionaje.

Es decir que, en total, Ariza debía pagarle al Estado peruano la suma de un millón 200 mil nuevos soles.

Por ello, se trabó el embargo de todos sus bienes, así como de su sueldo y los demás beneficios obtenidos, con los que se ordena que se pague la reparación.

TODO CONGELADO. Sin embargo, fuentes de la FAP indicaron que el Estado no podrá cubrir la reparación civil con lo incautado a Ariza y, lejos de ello, deberá pagarle a su familia lo que ha ordenado el Poder Judicial.

Y es que, según las normas procesales, "un juicio de alimentos tiene prelación (preferencial) sobre cualquier otro juicio".

En efecto, según lo ha ordenado el PJ en el expediente 02189-2009, los abonos que deberá hacer la FAP serán entregados de "forma mensual y permanente en el porcentaje señalado" a la demandante, "bajo responsabilidad civil y penal en caso de incumplimiento".

Pese a que la mayoría de resoluciones se expidieron entre el 2010 y el 2012, recién se hacen efectivas con la última resolución de junio, pues estuvieron en apelación constante.

También se dispone que la FAP abone por beneficios y CTS -que fueron embargados por medida cautelar en el 2010- la suma de S/.27,486,94.

Fuentes de la FAP indicaron que, pese a las apelaciones, el juzgado ha ordenado que se le pague también una liquidación de pensiones alimenticias devengadas ascendente a S/.7119 del 2009 y 2010.

También se exigió ejecutar el pago a favor de Flores Castro de Ariza del 60% de la cuenta en dólares Nro. 015-7158446 del banco Scotiabank.

Como se recuerda, según lo determinó el Poder Judicial, dicha cuenta poseía $168 mil, que sería lo ahorrado por Ariza gracias a la venta de información a Chile.

GANA INMUEBLE. Pero lo que resulta más grave para la FAP es que el PJ también ordenó el cumplimiento de una resolución del 2011, en la que se ordena la inscripción del 50% del inmueble ubicado en el jirón General Ramón Vargas Machuca 290 (Block 86, departamento 101, conjunto habitacional La Cruceta-Surco) a favor de Flores Castro de Ariza.

Por este inmueble, Ariza pagó $21,419 en el 2006, según la ficha registral 11878672 y, según la sentencia en su contra, lo adquirió con dinero que recibió por la venta de información secreta a Chile.

Es decir que, en total, el Estado peruano -a través de la FAP- terminará pagando a la esposa de Ariza cerca de S/.358,300 sin contar la pensión, que ascendería a S/.1500 mensuales.

Cabe indicar que tras iniciarse la demanda por alimentos, Ariza se allanó a esta.

Al respecto, el procurador de la FAP, coronel Emilio Cueva, confirmó que se encuentra en controversia el pago del total que ha ordenado el Poder Judicial por el juicio por alimentos.

Indicó que existen resoluciones del fuero militar que avalan la incautación para la reparación civil, pero aclaró que la controversia aún "se va a determinar".