Fiscal Pablo Sánchez sobre salida de Carlos Ramos: “Fue un golpe a la institución”

Su oficina es pequeña. Las paredes son de madera y la luz de la ventana apenas ilumina los documentos que revisa, lo que obliga al uso de luz artificial a toda hora. Pablo Sánchez Velarde está sentado frente a su escritorio tecleando su celular en un trance característico al de alguien sumergido en el WhatsApp.

Guarda el aparato y se levanta a saludarnos. “¿Cómo están? ¿Qué tales fiestas?”, pregunta de buen ánimo.

A Sánchez Velarde le gusta formular preguntas: 34 años de su vida en el Ministerio Público se ha dedicado a hacerlas en el marco de su trabajo. Sin embargo, responder a las interrogantes de los periodistas no es algo que le apasione. Él sabe que un periodista va a la caza de la noticia, y esta no es la excepción.

“Aquí estoy pues... Me van a interrogar -advierte sonriente-. Los periodistas a veces parecen fiscales, y hasta jueces, porque en ocasiones también condenan”, agrega.

Al magistrado le ha tocado asumir la jefatura del Ministerio Público en una época en que la coyuntura ha estado marcada por el escándalo político, imprimiéndole a la Fiscalía un rol protagónico. Al cabo de varios meses al frente de la institución, se anima a ofrecer algunas reflexiones y a realizar un balance de su tarea.

¿ El “descabezamiento” del Ministerio Público fue un duro golpe a la institución? 

No lo vería así en esos términos. Fue un hecho resuelto por una institución como es el Consejo Nacional de la Magistratura, que afectó la marcha institucional, pero había que continuar.

Pero estamos hablando de un fiscal de la Nación a quien se le imputaron actos de corrupción y de pertenecer a una organización criminal. No era cualquier cosa... 

Bueno, usando términos coloquiales podemos aceptar el término “golpe a la institución”. Lo que pasa es que el término (se entiende como) intencional; tú golpeas a alguien. Y claro, asumí la dirección por ser el fiscal más antiguo. La tarea era recuperar la imagen institucional. Creo que hemos avanzado bastante en ello.

¿Podríamos comparar el caso del doctor Ramos Heredia con el de Blanca Nélida Colán? 

No creo. Son situaciones distintas, porque hay que acordarse de que en esa época se hablaba de un copamiento judicial, que no es el caso. No haría comparaciones.

Pero son inevitables las comparaciones, pues si antes hubo un copamiento judicial, ahora hay una infiltración de grupos organizados que captan a funcionarios... 

y captar al fiscal de la Nación es grave. No lo vería por ese lado. Son hechos que yo entiendo han afectado la institución, pero que no suman una cuestión mayor y que de alguna manera lo dejo al avance de las investigaciones y de la historia de la Fiscalía.

La política de Pablo Sánchez es trabajar duro y en silencio. Cada vez que se le pregunta por las investigaciones a los altos funcionarios -que es lo que maneja su despacho-, siempre responde de manera escueta. Prefiere no hablar de los casos. No porque no tenga resultados, sino porque, a su juicio, se debe mantener la reserva de las investigaciones para no afectarlas.

¿Cuántos casos tiene en su despacho en los que se compromete a altos funcionarios? Al cierre son 52 los casos que han llegado a mi despacho, de los cuales 20 ya se han resuelto y algunos están ya con proyecto de resolución que solo falta la firma.

Esta vez espero pueda darme una respuesta con resultados. El caso de la congresista Luciana León, investigada por desbalance patrimonial... ¿se resolvió? Ya pasó algún tiempo.

Sí, ya se resolvió. Está colgado en la página web.

¿Y cuál fue el sentido? Bueno, se denunció un caso de enriquecimiento ilícito por un presunto desbalance patrimonial. Se hicieron las investigaciones, se pidieron informes y se hicieron las pericias del caso, y se ha concluido que no hay desbalance patrimonial.

¿Y qué otro caso de altos funcionarios se ha resuelto? 

También hemos archivado el caso del señor (Eleodoro) Mayorga, está en la página web (Mayorga era investigado por haber favorecido a la empresa Inter Oil y aún está pendiente otra denuncia por el Gasoducto del Sur). También hemos visto el caso del exmiembro del Tribunal Constitucional Gerardo Eto Cruz (por sus vínculos con la mafia del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres). Hemos formalizado la denuncia para seguir investigando. Pero para eso necesitamos que el Congreso autorice.

¿Ya se envió el pedido para levantar su antejuicio?

Ya lo enviamos y ya depende del Congreso.

Con tantos casos en el Ministerio Público, ¿cómo van de presupuesto?

La Fiscalía, en materia penal, es el primer eslabón; se requiere más. No puedo tener más fiscales porque no tengo para contratar más fiscales provisionales.

Con lo que se les otorga ¿ no les alcanza?

No, y lo que pasa es que tan poco presupuesto no nos permite avanzar, crecer, y lo que nosotros queremos es potenciar las fiscalías especializadas a nivel nacional.

Este año ha sido complicado para la Fiscalía, porque se ha visto ligado al ámbito político. 

Ha sido un año difícil, pero nosotros hemos sabido mantener nuestra posición independiente. No ha habido ninguna decisión nuestra que haya sido marcada por algún direccionamiento político.

Eso me lleva a pensar entonces que la Fiscalía viene siendo usada como un instrumento de persecución política... 

Te puedo decir que no la están utilizando. Que se mencione o se recurra a la Fiscalía es otra cosa, entonces el Ministerio Público tiene que actuar. Es distinto a lo que opinan algunos personajes políticos, pero la Fiscalía no se siente utilizada.

Pero se recurre a esta y el trasfondo es muchas veces político.

Claro, no se puede evitar. Que lo denuncien y se investigará, se evaluará la denuncia, pero nosotros no vamos a ser utilizados con esa finalidad.

¿Cuál es el rol de la Fiscalía con miras a las elecciones del 2016?

Le pregunto porque el Ministerio Público no puede estar de espaldas al desarrollo social y al de la democracia. De mis respuestas anteriores se desprende lo siguiente: no obedecemos a ningún lineamiento que no señalen la Constitución y la ley. Participamos obviamente en los comités electorales, y también actuamos en prevención del delito. No hay, desde nuestro punto de vista, sospecha o fórmula que haga pensar que actuaremos políticamente.

Pero vamos: la Fiscalía es una institución que de alguna manera seguirá marcando la pauta en esta coyuntura electoral, pues muchos de los partidos políticos que participarán y hasta candidatos presidenciales están sometidos a pesquisas por delitos graves. 

Nosotros garantizamos la objetividad y legalidad de las investigaciones. No es que haya necesidad de pensar en un apuro porque vienen las elecciones. No. Las investigaciones van a acabar en su momento. Lo que sí le puedo asegurar es que se garantiza la independencia fiscal. Sin injerencias ni intervención política. Si una investigación acaba antes o después de las elecciones, es porque así debe ser.

Usted tiene más de 30 años en la institución. ¿Cuál cree que fue más difícil de enfrentar como institución y como persecutor del delito: la corrupción de la década de los 90 o el crimen organizado del narcotráfico, lavado y hasta corrupción de la última década? 

Es una buena pregunta, pero implica situaciones distintas y formas distintas de delinquir. En la década de los 90 (fujimorismo) hubo una serie de hechos y conductas delictivas de ese momento y bajo los esquemas de ese momento. Había corrupción, había prensa, había autoridades sujetas al poder de turno. Muchos procesos he visto en esa época.

¿Y ahora? Ahora, la forma de cometer delitos se ha... 

se ha afinado un poco, y ha avanzado bajo el crimen organizado y se presenta con otras características. Yo no haría una comparación, pero en esa época fue difícil.

¿En los 90?

En los 90 fue difícil y ahora también lo es. Aunque creo que fortaleciendo las instituciones las cosas se superan y lo que estamos haciendo es eso.

¿Ha sido complicado desde el punto de vista institucional el que la Fiscalía investigue a la esposa del Presidente de la República en ejercicio?

Ha sido significativo por la atención que ha merecido el caso. Ahora, no ha generado -desde nuestro punto de vista- algún tipo de enfrentamiento ni nada. Lo que han hecho los fiscales es actuar con su función.

El presidente Humala ha solicitado que se le devuelvan las agendas a su esposa. ¿Es usual que un presidente exija la devolución de una pieza procesal? 

Eso lo tiene que decidir el fiscal que investiga el caso. Yo no puedo opinar, porque mi opinión puede influir en lo que decida el fiscal. Es él quien debe decidir.

¿El señor César Acuña está siendo investigado en su despacho? Hubo una (denuncia) por enriquecimiento ilícito, pero se archivó hace mucho tiempo. Ahora no hay ninguna en mi despacho. Creo que en Lavado de Activos hay una.

¿Cuál es la situación del expresidente García y de Aurelio Pastor en su despacho por el caso “narcoindultos”?

En el caso del expresidente (Alan García) no tengo una denuncia concreta. Que yo recuerde, estamos esperando un informe de la Megacomisión. En el caso de Aurelio Pastor, sí se está investigando.