Suspenden audiencia sobre recurso de casación interpuesto por defensa de Keiko Fujimori (VIDEO)

Actualizado el 05/07/2019, 12:44 p. m.

La Sala Suprema Penal Permanente suspendió la audiencia en la que se iba a ver el recurso de casación interpuesto a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Se comunicó que la suspensión se debe a que el juez supremo Jorge Castañeda se inhibió tras la difusión de un audio con el exjuez César Hinostroza.

En los audios Jorge Castañeda y el exjuez supremo, César Hinostroza -quien fugó del país y hoy se encuentra en España- revelaría una cercanía entre ambos personajes.

Correo accedió al documento de 52 páginas que Rodríguez Monteza, involucrado en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, remitió a la Corte Suprema. A continuación detallamos sus principales argumentos.

“Independencia"

El representante del Ministerio Público sustenta su postura -muy distinta al del Equipo Especial “Lava Jato”, que solicitó la prisión de Fujimori- en que el Código Procesal Penal establece que el fiscal puede “actuar con independencia”.“El Ministerio Público puede recurrir, incluso, a favor del imputado”, añade.

En ese sentido, indica que la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. “Nadie puede ser sometido a la detención o encarcelamiento arbitrarios”, sostiene en su escrito.

Resoluciones

El documento también alude a las resoluciones emitidas por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho y la Sala de Apelaciones, que establecieron y ratificaron, respectivamente, la prisión de Keiko.“Se advierte que no se ha efectuado un análisis correspondiendo al pedido desde una perspectiva constitucional”, reza.Otro punto son “los medios probatorios”.

“Se ha dictado prisión preventiva sin valorar que dicha medida exige la concurrencia de elementos suficientes o una sospecha grave que vinculen al imputado con su realización”, comenta. Rodríguez Monteza refiere que la reclusión provisional dictada en primera instancia y confirmada por un tribunal superior se basa, en gran medida, en manifestaciones de aspirantes a colaboradores eficaces que están pendientes de constatación.

“Las declaraciones tienen calidad de hipótesis que requieren ser corroboradas con otros medios de prueba, lo cual, al parecer, no resulta real que se haya logrado, pues no se ha postulado el inicio del juicio”, arguye. Por lo tanto, sostiene que “se vislumbra una carencia de análisis y motivación suficiente que justifique las prisiones preventivas”.

El documento también hace referencia al peligro de fuga, el cual -asegura- no se evaluó bien. “No han efectuado un análisis ponderativo necesario para disponer la prisión preventiva de cara al denominado peligro de fuga”, manifiesta.

También explica que la obstaculización a la justicia no está motivada. “El peligro debe ser determinado de manera real y concreta”, añade. Asimismo, hace referencia a un informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en América. “Más allá del ámbito personal del procesado, esto es, que debe ponderarse la posible afectación de otros principios (...), circunstancias que no han sido respondidas, en donde una de las investigadas tiene hijos menores de edad”, señala en alusión a las dos hijas de Keiko Fujimori.

Los vínculos

La postura de Rodríguez Monteza es el último de los cuestionamientos que enfrenta, los que comenzaron en julio de 2018, cuando se conocieron los “CNMAudios”, uno de los cuales reveló un diálogo entre el fiscal supremo y el empresario Mario Mendoza, quien le pide una fecha para visitarlo en su despacho.

Cabe recordar que el hombre de negocios está ahora en prisión. Además, un colaborador eficaz declaró a la fiscal Rocío Castro que el exconsejero del CNM Guido Aguila se reunió con el exjuez César Hinostroza y con Víctor Rodríguez, a fin de afiatar la elección de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación.A pesar de tales antecedentes, Rodríguez decidió no apartarse del caso Keiko y hoy debería sustentar la postura en la Corte Suprema. Sin embargo, en el documento que presentó se insinúa que no asistirá a la importante audiencia. “No existe obligación legal para que el órgano fiscal concurra”, parece adelantar entre los párrafos finales.

Discrepancia

La Sala Suprema Penal Permanente escuchará también a Giulliana Loza, abogada de la lideresa de FP, así como a los defensores de sus coimputados. Tras ello, deberá resolver la causa en un plazo máximo de 20 días.El colegiado está conformado por los magistrados Jorge Castañeda (quien asumió tras la inhibición del juez César San Martín), Hugo Príncipe, Iván Sequeiros, Zavina Chávez e Iris Pacheco.

Esta última se incorporaría a la Sala luego de que el juez Aldo Figueroa se inhibiera, también, de la casación. En tanto, el coordinador del Equipo Especial “Lava Jato”, Rafael Vela Barba, interpretó el pedido del fiscal supremo “desde la perspectiva de la obstrucción de la justicia”.

En diálogo con la página web de El Comercio, Vela Barba recordó que desde que se conoció que Rodríguez Monteza iba a representar al MP se manifestaron públicamente en contra “por un evidente conflicto de interés, pues tuvo una denuncia constitucional que fue archivada fundamentalmente con votos de Fuerza Popular”. “Por una cuestión de legitimidad y transparencia debería haberse apartado”, agregó.

En la misma línea, afirmó que Rodríguez Monteza no los representa. “Y sin ánimo de que esto suene discriminatorio, es un supremo que no tiene experiencia en temas penales. Siempre ha sido un fiscal vinculado a temas constitucionales, civiles, no tiene experiencia para conocer un caso de tan alta complejidad como es el de la señora Fujimori”, sentenció.