Cambio de jurisdicción. Debido a su gravedad, y por ser de alcance nacional, el caso de criminalidad organizada ‘Los Dinámicos del Centro’, que involucra a militantes de Perú Libre y a su secretario general, Vladimir Cerrón, será investigado en Lima, por la titular del Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Anticorrupción, Vanessa Díaz Ramos.

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La decisión fue adoptada por el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello Rosales, tras evaluar el pedido de la fiscal provincial de Junín Bonnie Bautista para trasladar este emblemático caso a la capital. Ella investiga a la red criminal en Junín desde el 2019.

Según la respectiva disposición del último sábado, a la que accedió Correo, Bautista “en adición a sus funciones” prestará apoyo a su colega de Lima, Vanessa Díaz Ramos, para las audiencias a desarrollarse en Lima sobre medidas restrictivas contra los investigados, por supuestamente pertenecer a la citada organización criminal dedicada al cobro ilícito de licencias de tránsito en la Dirección de Tránsito y Comunicaciones (DRTYC) del gobierno regional de Junín. El dinero recaudado, según las pesquisas, habría servido para el financiamiento de la campaña de Perú Libre.

En los próximos días, uno de los jueces del Sistema Nacional de Corrupción de Funcionarios -ubicado en la sede Carlos Zavala, al costado de Palacio de Justicia- deberá atender el pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses contra 20 investigados, refirieron fuentes judiciales a este diario.

La fiscal Díaz Ramos fue designada fiscal supraprovincial con competencia nacional anticorrupción el 5 febrero del 2016, luego de desempeñarse como fiscal adjunta penal de Lima, según consta en una resolución firmada por el entonces titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde.

En 2019, Díaz Ramos consiguió que el Poder Judicial acepte su pedido para detener a integrantes de una red criminal que robó al Ejército unos 10 millones de soles mediante falsas pensiones, reintegros y seguros de vida de soldados que nunca existieron.

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DECISIÓN

Inicialmente, el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, había denegado la solicitud de la fiscal Bonnie Bautista para trasladar el caso a Lima por no reunir los presupuestos de acuerdo a ley. Su decisión, sin embargo, no era definitiva y estaba supeditada a que Bautista subsane algunas observaciones.

En atención a un nuevo informe de Bautista, Tello valoró, por ejemplo, que el presunto financiamiento ilícito al partido del lápiz no solo esté basado en las declaraciones de dos colaboradores eficaces, sino en otros elementos de convicción, tales como vouchers de depósitos que se habrían efectuado en cuentas de determinadas personas.

También consideró que en el operativo de allanamiento a los investigados, el Ministerio Público encontró una bolsa con 100 mil soles en efectivo, licencias de conducir, certificados médicos, entre otros documentos. Asimismo, en la casa de Guillermo Murguía Calderos, otro de los imputados, se halló cerca de medio millón de soles.

Para la Fiscalía, estos hallazgos darían cuenta del presunto accionar ilícito de la organización criminal, destinada al financiamiento de Perú Libre.

“Como parte del programa criminal, la citada organización también habría tenido la necesidad de continuar extendiendo y afianzando las barreras de su constitución, esto, por medio de la incorporación de más agentes públicos en puestos claves dentro de la DRTYC-Junín que le permitan continuar realizando las acciones ilegales, la cual se desprendía del vínculo de afinidad que debería de residir entre aquellas personas que pretendan acceder a los diversos contratos CAS con relación al ideal que debería de coexistir con el partido político “Perú Libre”, reza la disposición de Omar Tello Rosales.

En otro apartado del documento, el fiscal coordinador señaló que los presuntos hechos delictivos, como “la entrega indiscriminada de licencias de conducir”, se habrían dado no solo en Junín, sino en Satipo, pues presuntos miembros de ‘Los Dinámicos del Centro’ habrían ocupado “puestos de dirección en dicha ciudad” como el investigado Waldys Vilcapoma, quien fue jefe de la Oficina de Transportes de Satipo.

ANÁLISIS

Consultado sobre el tema, el penalista Carlos Caro Coria refirió a Correo que la fiscal Bautista apoyará en las laborales de la Fiscalía Supraprovincial una vez que esta asuma totalmente las investigaciones que recae sobre los involucrados.

Agregó que es fundamental que el caso sea visto por la justicia nacional debido a que dispone de más recursos técnicos, personales, experiencia y porque, además, tiene más conexión con la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), a diferencia de Junín.

Agregó que existe la posibilidad de que haya alguna perturbación en la actividad probatoria del caso, sobre todo “si vía el Ministerio del Interior hay filtraciones de información”. Dijo que si es así “la Fiscalía lo hará notar en el pedido de preventiva”.

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio opinó que en Lima no existe la misma presión política que impera en Huancayo, aunque lo hay en “todo el sistema de justicia”, sobre todo por las vinculaciones “con el partido de gobierno”.

Cuatro delitos investiga la Fiscalía en este caso: organización criminal, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y tráfico de influencias.