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La Fiscalía inició una investigación contra Rafael López Aliaga por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, la voluntad popular, los poderes del Estado y el orden constitucional, debido a sus expresiones contra autoridades electorales durante la campaña presidencial de 2026.

Las diligencias preliminares fueron dispuestas por el Ministerio Público contra el líder de Renovación Popular por hechos relacionados con las Elecciones Generales de 2026. La investigación señala que, el pasado 1 de abril, después de participar en el debate presidencial, López Aliaga habría cuestionado públicamente al entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas.

Estas declaraciones fueron calificadas como de “presunto contenido intimidatorio” y forman parte de los hechos que serán analizados por la Fiscalía en la investigación abierta contra el exaspirante a la Presidencia de la República.

“El 1 de abril de 2026, luego de participar en un debate presidencial, el denunciado habría emitido expresiones contra el jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas, con presunto contenido intimidatorio”, señala el texto.

La denuncia también contempla hechos ocurridos después de la difusión de los resultados electorales, tras el cierre de la jornada de votación del pasado 12 de abril de 2026.

“El denunciado habría cuestionado la legitimidad del procso atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones donde habría realizado expresiones dirigidas contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos”, estipula dicho documento fiscal.

Posteriormente, el documento señala que López Aliaga acudió al Ministerio Público para solicitar el inicio de las acciones correspondientes, con el objetivo de determinar si los hechos denunciados tienen relevancia penal y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados.

Asimismo, el documento precisa que corresponde al Ministerio Público determinar la procedencia de la denuncia y evaluar los elementos de convicción, así como las diligencias preliminares que resulten necesarias.

Esta citada evaluación se realiza en el marco de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía como titular del ejercicio de la acción penal.

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