El Ministerio Público interpuso una denuncia constitucional contra la congresista no agrupada Katy Ugarte Mamani, debido a las alegaciones sobre posibles reducciones salariales injustificadas a los trabajadores de su despacho en el caso conocido como ‘mochasueldos’, bajo la presunción del delito de concusión.

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La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha formalizado la acusación, según lo informado en la fecha del 7 de marzo.

“Los hechos está referidos a cobros presuntamente indebidos que la citada parlamentaria habría efectuado a personal de su despacho congresal”, señalaron.

Además, se ha remitido la dossier a la fiscalía pertinente con detalles acerca de la legisladora y otros individuos no protegidos por inmunidad parlamentaria, quienes podrían estar involucrados en presuntas actividades de lavado de activos.

El 9 de abril de 2023, un informe de ‘Cuarto Poder’ expuso que Katy Ugarte podría haber solicitado pagos a sus empleados en Cusco con el propósito de mejorar su imagen, acusaciones que ella rechazó durante la investigación llevada a cabo por la Comisión de Ética.

Un colaborador de la parlamentaria afirmó que se realizaban pagos de entre 200 y 400 soles a Wilber Felices Villafuerte, colaborador cercano de Ugarte, y este hecho fue confirmado por un asesor de la legisladora, Roger Torres Pando.

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