Funcionarios públicos que cometan actos de corrupción podrán ser acusados de traición a la patria

Los funcionarios públicos que comentan delitos de corrupción en el Estado podrán ser acusados por el de delito de traición a la patria, según indica el proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular).

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De acuerdo a la propuesta, los actos previstos en los artículos 384, 387, 389, 393, entre otros del Código Penal, cometidos por los funcionarios públicos serán considerados delitos de traición a la patria en tres circunstancias.

Una de ellas es por hechos o actividades en un contexto de declaratoria de emergencia nacional o local, dentro de programas de apoyo social o asistencial, así como los cometidos en el contexto de programas de desarrollo económico e infraestructura destinada para la educación, salud o seguridad ciudadana.

“Los condenados por delitos de traición a la patria, en el contexto de la presente ley, no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo y la educación, la semilibertad y la liberación condicional”, se detalla en la propuesta.

En la argumentación se indica que los funcionarios del Estado- al cometer delitos de corrupción- no sólo quebrantan la ley, sino el compromiso social basado en la decisión que se expresan a través de las elecciones no tiene imposición ni obligatoriamente impuesta a una labor o actividad, sino que voluntariamente se sujeta a ella.

“Desde ese lugar viola el encargo y la confianza que la población le deposita, igualmente emana una deshonestidad inadecuada de los principios y mandatos de nuestra Constitución Política. Por ello consideramos que la corrupción como flagelo significa la transformación, artificio, perjuicio a los más fundamentales derechos humanos y debe ser comparado como un delito de traición a la patria”, se alega.

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En parte del análisis costo-beneficio se indica que las autoridades podrán rendir cuentas al someterse En esa línea, se indica que actualmente existe disposiciones penales y administrativas que sancionan los delitos cometidos por los funcionarios públicos, entre ellos el de la corrupción, que no han sido suficientes para frenar este flagelo que afecta de manera directa a todos los ciudadanos.

“Por eso es importante poner una sanción determinante y control a todos los funcionarios del Estado a través de penas graves como la cadena perpetua que persuadan la comisión de este delito y, de esta manera, se fortalezcan nuestras instituciones públicas”, se indica.

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